Argentina.- El gobierno nacional formalizó hoy la eliminación de retenciones al sector minero, medida que había sido anunciada la semana psada en San Juan por el presidente Mauricio Macri, y que generó rechazo no solo en la oposición sino en el propio frente Cambiemos.
Mediante el decreto 349/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Macri, se fijó en cero por ciento la alícuota aplicable a la producción minera y se derogó “toda normativa que se oponga a lo establecido” en dicho decreto. Además, destaca en sus fundamentos que tales derechos de exportación “han tenido un efecto negativo sobre la industria minera argentina”, ya que ha “desincentivado las inversiones”
Desde marzo de 2002 regían retenciones de entre 5 y 10% para la exportación para los envíos al exterior de productos del sector.
El decreto explica que ese esquema tributario posicionó a la Argentina, en el contexto regional, “en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera”.
Los derechos de exportación “inciden sobre los márgenes de utilidad, generan un mayor costo operativo y hacen caer la cantidad de reservas de los yacimientos determinando, en consecuencia, el cierre prematuro de minas que, de no encontrar gravadas sus exportaciones, verían extendida su vida útil”, añade el decreto.
Asimismo, la aplicación de retenciones “afectó seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mineras, radicadas mayormente en zonas de escasa disponibilidad de infraestructura y con costos de transporte elevados”, lo cual determinó “la pérdida de los mercados internacionales”.
Según el decreto, son “potencialmente muy significativos” los riesgos de “pérdida de puestos de trabajo y sus inevitables consecuencias en todo el sector productivo, en cuanto se refiere a empleos directos, empleos indirectos y cadena de proveedores”.
“Ello se ha visto acentuado con la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales”, sostiene la medida, que adviertre que la “incidencia negativa” de las retenciones al sector minero “excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”.
El decreto recuerda que esos derechos, al no ser coparticipables, implicaron “una concentración de los aportes tributarios mineros en el Estado nacional, en desmedro de las provincias, quienes poseen la titularidad originaria de los recursos minerales”. De ese modo, concluye el decreto, se limitó el “impacto benéfico de la minería en las regiones donde opera, lo cual es crucial para que esta actividad se convierta en vector de potenciación del federalismo”.
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