México.- La Ley de Transición Energética (LTE) que está a discusión en el Senado amenaza la competividad industrial, consideró el gremio acerero.La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Cancero) advirtió que los términos de la ley federal significarían un alza de entre 20 y 80 por ciento en las tarifas de electricidad.
Uno de los puntos más polémicos de dicha ley versa sobre la meta para que México produzca 35 por ciento de su electricidad a través de tecnologías limpias para 2024.
“El privilegiar las energías limpias y subutilizar ciclos combinados eficientes impactará el costo de la electricidad en 10 por ciento, equivalente a 2 mil 200 megawatts de dólares por año”, aseguró la Canacero.
De acuerdo con la iniciativa de Ley, parte de la reforma energérica considera como tecnologías limpias la eólica, solar fotovoltaica, biomasa, hidroeléctrica, geotérmica y cogeneración eficiente.
Al respecto, el gremio siderúrgico criticó que para incentivar fuentes de energía limpia, la LTE establece altas penalizaciones a las empresas por incumplir la obligación de consumirlas.
El documento en revisión establece una multa de 6 a 50 salarios mínimos por megawatt para aquellos consumidores que no cumplan sus compromisos de adquirir Certificados de Energías Limpias (CELs).
Según los cálculos de la Canacero, las multas fijadas equivalen a un aumento en el costo de la electricidad de entre 9 y 72 por ciento sobre las tarifas industriales actuales.
“El costo de los CELs y multas podrían resultar en un aumento para los consumidores de electricidad de entre 2 mil y 18 mil millones dólares anuales”, agregó el organismo que congrega a empresas como AHMSA, Deacero, Tubacero, Industrias CH (ICH), ArcelorMittal México, Tenaris, entre otras.
Por estos motivos, la Cancero propone que el gas natural sea considerado como una fuente de bajas emisiones de dióxido de carbono (CO2) para accederá a mecanismos de cumplimiento en la LTE.
Las empresas acereras también se pronunciaron a favor de reducir las penalizaciones de la LTE y del establecimiento de salvaguardas para ajustar las metas de generación limpia ante cambios sociales, económicos o tecnológicos.
Reforma
