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Comisión técnica boliviana analiza minería

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El primer punto de la hoja de ruta será un análisis del informe de la empresa francesa BRGM que señala que deben hacerse más estudios sobre las aguas subterráneas en las zonas de influencia del proyecto.

Así lo indicaron Felipe Cisneros y Jacinto Guillén, representantes de la Universidad de Cuenca, quienes junto a Alexandra Parra, funcionaria de ETAPA, dirigieron la reunión.

Los técnicos indicaron que se trabaja también en la definición de un cronograma de actividades y la esquematización del financiamiento para las actividades del equipo de especialistas. No se descarta sumar al equipo expertos de una universidad extranjera, que podría ser la Universidad de Stanford, ubicada en la lista de las mejores del mundo.

El alcalde Marcelo Cabrera señaló en días anteriores que una vez que las universidades se pronuncien sobre el tema ambiental en los proyectos mineros pondrá el tema a consideración del Concejo para tomar una posición oficial acerca de la minería en el cantón Cuenca.

Debate
Mientras tanto el debate político sobre la minería en la zona rural del cantón continúa. Ayer se desarrolló un foro sobre el tema en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, promovido por la Federación de Organizaciones indígenas y campesinas del Azuay, FOA.
En la exposición participaron técnicos de la Prefectura y el concejal Iván Granda, quienes mostraron junto a los integrantes de la FOA su rechazo a la intervención minera en Quimsacocha y Río Blanco.

Oscar Sánchez, técnico ambiental de la Prefectura, sostuvo que “se debe respetar el derecho de las comunidades a pronunciarse”. Detalló que en la zona de Quimsacocha existen 670 concesiones de agua, más del 90 por ciento para riego y consumo de agua, que podrían verse afectadas. Dijo también que le preocupa el uso de químicos como cianuro y mercurio, así como la factibilidad económica del proyecto.

Carlos Pérez, dirigente de la FOA, ahondó en el tema económico. Sostuvo que la Ley de Minería señala en su artículo 93 que el monto de las regalías para el Estado será no mayor al ocho por ciento, lo cual le parece “una cifra irrisoria que no va a generar desarrollo”.

Contraparte
En sus últimas visitas a la ciudad el ministro de Minería, Javier Córdova, indicó que, aunque las comunidades se pronuncien contra el proyecto, la actividad minera es considerada un sector estratégico para todo el país por lo que no puede estar supeditado a la voluntad de una sola comunidad.
Aseguró también que en lugar de cianuro y mercurio las empresas utilizarán carbón activado para el proceso industrial y dijo que se analiza que el 100 por ciento de las regalías del proyecto Río Blanco se queden en las zonas de influencia. (JPM) (I)

Cuenca.

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