La gigante estatal chilena Codelco ha apostado sus fichas a un multimillonario plan para compensar el declive de su producción de cobre. Pero el camino de la modernización se está volviendo cada vez más sinuoso para la mayor productora mundial del metal.
La empresa enfrenta un retraso en la sofisticada conversión de la mina Chuquicamata, postergó la ampliación de la mina Andina y aún desconoce el futuro de la pequeña pero costosa Salvador ante el desplome en los precios del cobre, problemas ambientales y operacionales, y la estrechez de financiamiento.
“La coyuntura que hay en este instante es pésima”, admitió a Reuters Carlos Caballero, jefe de la nueva mina Ministro Hales.
Con la caída en el precio del cobre a mínimos de seis años, Codelco dejó de recibir unos 750 millones de dólares en el primer semestre. Esta presión en la caja la está forzando a priorizar sus planes y buscar alternativas de financiamiento para evitar que la producción se desplome en los próximos años.
Codelco, que entrega todos sus beneficios a las arcas del Estado, no ha precisado hasta qué nivel podría caer su producción en los próximos años. Tampoco cuándo podría cristalizar su anhelado objetivo de llegar a dos millones de toneladas anuales desde los 1.6 millones actuales.
Uno de los proyectos más ambiciosos de modernización es la conversión de Chuquicamata, una gigantesca y centenaria mina a cielo abierto en el desértico norte de Chile, en un complejo de 7.5 kilómetros de túneles subterráneos, para poder mantener su actual nivel de producción.
Pero un cóctel de problemas, que incluye demoras en la ingeniería y obras, ha retrasado dos años la construcción del emblemático plan.
“Actualmente nosotros estimamos que Chuqui Subterránea no va a estar sino hasta más o menos el 2021”, dijo Jaime Graz, portavoz del sindicato 1 de Chuquicamata en la polvorienta ciudad minera de Calama, en el norte chileno. “No hay manera en que se cumplan los plazos para la construcción”.
Y algo similar ocurre en la mina subterránea más grande del mundo y principal yacimiento hoy de Codelco, El Teniente, según ha reconocido la empresa.
Codelco tenía previsto invertir unos 25,000 millones de dólares en el actual quinquenio para impulsar proyectos estructurales, pero el jefe de la firma admitió recientemente que el plan será recortado por atrasos y reformulaciones.
“Los gastos pensados se van a ir estirando en el tiempo”, afirmó recientemente el veterano minero Nelson Pizarro, quien asumió las riendas de la firma hace un año con el mandato perfeccionar las iniciativas de inversión.
Las desventuras de Codelco, una de las principales fuentes de ingresos de Chile, son un dolor de cabeza para la presidenta Michelle Bachelet. En medio de una desaceleración económica, la mandataria ha prometido darle los recursos necesarios a Codelco, pero también necesita dinero para financiar sus ambiciosas reformas sociales.
Cuestión de Prioridades
Los proyectos estructurales de Codelco buscan mantener el nivel de producción en medio del declive de las leyes minerales de sus depósitos.
Sólo la ampliación de su mina Andina, enclavado en la Cordillera de Los Andes cerca de la capital chilena, le brindaría producción adicional. Pero ahora Codelco prevé que le tomará unos dos años hallar una alternativa para reemplazar el costoso y polémico proyecto Andina 244 al que grupos sociales y ambientalistas se oponían de entrada por su eventual impacto en glaciares y fuentes de agua.
Para ello, además, necesitará iniciar una nueva tramitación ambiental, lo que frustraría el plan inicial de operar el proyecto antes de finalizar esta década.
El hilo más delgado del complejo escenario que enfrenta Codelco radica en la pequeña división Salvador. Aunque ha tenido números negativos en años recientes, se ha decidido mantenerla operativa a la espera el próximo año de un estudio de prefactibilidad sobre un proyecto para darle continuidad.
“Lo más sensato y rentable sería cerrar Salvador ahora y abrirlo de nuevo si Rajo Inca (en estudio) es viable”, comentó a Reuters un alto directivo de Codelco.
Ex altos ejecutivos de la estatal consultados coincidieron en que en este nuevo contexto Salvador debería perder prioridad.
“Los anuncios sobre Salvador sirven para mantener la esperanza de la gente”, dijo un ex presidente ejecutivo de la minera, que ahora se desempeña en el sector privado.
“Técnicamente, Codelco tiene que jerarquizar lo que es más rentable, con lo que una mina como Salvador quedaría en el último puesto”, coincidió otro alto ex ejecutivo de la firma.
Pero un cierre de la pequeña mina, que produjo menos de 50,000 toneladas el año pasado, es una decisión política que sería difícil tomar para un Gobierno con bajos niveles de apoyo y que ha calificado el proyecto de “fundamental”.
“Tenemos que esperar las decisiones que Codelco vaya a tomar para ver cuál será el camino que va a seguir el Gobierno”, comentó la ministra de Minería, Aurora Williams.
Otro ajuste con costo político sería reducir las diferencias en gastos laborales. Por ejemplo, un trabajador actual de Chuquicamata cuesta unos 235,000 dólares anuales, frente a los 65,000 dólares de la joven mina Ministro Hales, debido a los beneficios que lograron acumular los sindicatos más antiguos.
Recientemente, Freeport-McMoRan decidió reducir a la mitad las operaciones de mina en El Abra -en la que está asociada con Codelco-, lo que llevó al despido de 650 trabajadores, encendiendo las alarmas en el mundo sindical.
Dirigentes sindicales de la firma estatal han dicho que en vista de la compleja situación, están buscando tender puentes con la administración para hallar soluciones.
Reuters
