Trabajadores de la minera Doe Run levantaron el jueves una huelga de dos días que dejó un poblador muerto tras enfrentamientos con la policía, además de paralizar el transporte en la zona central del país.
“Esta madrugada hemos desbloqueado la carretera central. Ahora el transporte y el comercio se realiza con normalidad en la ciudad”, dijo a la AFP el oficial Juan Pacotaype de la comisaría de La Oroya (178 km al noreste de Lima) en la región Junín, zona donde ocurrieron las protestas. El gobierno respondió al pedido de diálogo con los dirigentes laborales.
“Hubo un acuerdo entre las partes (dirigentes y representantes del gobierno) y todo esto ha permitido que se restablezca el tránsito. La violencia no soluciona los conflictos”, informó después a la prensa el presidente Ollanta Humala.
Los choques con la policía dejaron un muerto por impacto de bala y más de 60 heridos el martes. Los manifestantes exigían al gobierno que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa -en una complicada situación financiera- operar completamente y captar nuevos inversionistas.
Representantes del gobierno -principal acreedor de la firma- y dirigentes acordaron instalar un comité para abordar la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza, también de propiedad de la firma.
Doe Run Perú, del grupo estadounidense Renco y que funciona de forma independiente de la también estadounidense Doe Run Resources Corporation, opera en La Oroya, en los Andes centrales, un complejo metalúrgico con una refinería de metales que ha generado serios problemas de contaminación ambiental a la ciudad y a sus habitantes.
La compañía paralizó su actividad en junio de 2009 por incumplir un proceso de reestructuración y un programa de adecuación y manejo ambiental. La empresa tuvo problemas por deudas después de que un grupo de bancos cortara sus líneas de crédito, tras una crisis financiera.
En julio de 2012, un sector del complejo metalúrgico reinició sus operaciones y actualmente avanza en un proceso de venta de activos, a cargo de una junta de acreedores. Un reciente concurso fue declarado desierto y los trabajadores temen una liquidación de la empresa que genere un despido total.
“Necesitamos que Doe Run funcione, pero funcione bien porque, lo último que podemos pensar es que afecte a los trabajadores”, consideró Humala.
La ciudad de La Oroya, de 30.000 habitantes, vive de la minería desde hace más de 100 años, y es considerada una de las urbes más contaminadas del mundo por los gases resultantes del refinado del metal. Según el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, el 30% de la población de La Oroya trabaja en operaciones mineras.
La Información
