En los últimos años un tema que despertó la atención de ambientalistas y público en general es el de la minería, en especial “a cielo abierto”, ya que se la vincula a la contaminación de recursos indispensables para la salud y el medio ambiente.
En mayo de 1993, el Congreso Nacional habilitó un marco legislativo que favoreció a empresas mineras a ingresar al país y con esto -según ambientalistas- comenzó con una seria problemática que se extiende hasta la actualidad ya que el gobierno de turno también apoya y alienta este tipo de inversiones.
La tecnología que utiliza la minería a cielo abierto es altamente peligrosa ya que entre otros daños, deja residuos contaminados de cianuro, destruye montañas, desvía el curso de ríos e implica el uso indiscriminado del agua de los glaciares, denuncian los especialistas.
A partir del año 2003, 7 provincias argentinas sancionaron leyes de protección al ambiente respecto de la minería: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis. Sin embargo -debido a presiones del sector minero- se derogaron las leyes de Chubut y La Rioja.
En la provincia de Córdoba, en setiembre de 2008, la Legislatura provincial aprobó la ley 9.526, que prohíbe la actividad minera metalífera “en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas”. Sin embargo esta resolución fue señalada como inconstitucional por parte de empresarios del sector y se apeló.
En respuesta a eso los vocales del Máximo Tribunal, en agosto de 2015 ratificaron la prohibición de la minería a cielo abierto en toda la provincia de Córdoba y alegaron que un factor fundamental para hacerlo fue para “amparar un uso razonable del agua”.
“Se afirma que una de estas minas puede gastar entre 50 mil y 300 mil litros de agua por minuto una vez en actividad”, se destaca en el fallo.
Si bien esta resolución es una buena noticia para las organizaciones que hace años vienen bregando por ponerle fin a esta actividad, encendió las alarmas en la industria a nivel nacional, porque se está generando un antecedente para otras provincias donde se está desarrollando activamente la minería a cielo abierto (en especial solventada por capitales chinos y canadienses).
Durante muchos años, se realizaron miles de manifestaciones por parte de vecinos auto convocados y organizaciones ambientalistas en rechazo a la actividad minera y a la utilización de materiales venenosos –como el cianuro- durante su proceso.
El principal argumento de las empresas mineras es el beneficio económico que otorga esta actividad a la sociedad -sobre todo la del oro– y la cantidad numerosa de puestos de trabajo que se pierden cuando las empresas se ven obligadas a retirarse.
Como en todo debate que se está esgrimiendo hay dos posturas contrapuestas, el tema está en plantearse claramente si es necesario que el desarrollo económico traiga aparejado esta serie de inconvenientes y daños ambientales que afectan la calidad de vida y comprometen a las generaciones venideras, o si hay una opción -quizás menos rentable- pero más alineada con la salud y el medio ambiente.
La Gran Época
