El gobierno peruano anunció el miércoles el levantamiento del estado de emergencia en una provincia del sur del país, donde violentos enfrentamientos -en mayo- contra un proyecto minero de la mexicana Southern Copper dejaron cuatro muertos, aunque los militares continuarán reforzando la seguridad.
“El Gobierno decidió no prorrogar el estado de emergencia en la provincia de Islay, Arequipa”, informó el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en rueda de prensa en Palacio de Gobierno, tras una reunión del gabinete ministerial.
Esto implica que se restituyen en la zona las libertades personales referidas a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión, suprimidas por dos meses.
Sin embargo, Cateriano explicó a los periodistas que, mediante una resolución ministerial, “se establecerá que las Fuerzas Armadas continúen con su labor de apoyar a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público y en la protección de la infraestructura de la zona”.
“El mantenimiento del orden público estará a cargo de la policía. Ese es el esquema ahora y prestarán apoyo, en caso necesario, las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas custodiarán las principales infraestructuras de la zona”, precisó.
Los ministros también acordaron viajar a Islay para supervisar el avance de las mesas de trabajo que buscan acercar a la población y a los dirigentes de la provincia con los representantes del proyecto cuprífero Tía María, a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, avaluado en 1,400 millones de dólares.
La empresa cuenta con la licencia ambiental para empezar a construir la mina, que debería entrar en operaciones en el 2017. No obstante, los pobladores de Islay consideran que las observaciones que se hicieron a este proyecto no han sido adecuadamente subsanadas, por lo que temen que se contamine el agua, el medio ambiente y perjudique la importante actividad agrícola del sector.
Durante las protestas antimineras y enfrentamientos, Southern Perú pidió una pausa de dos meses para lograr entendimientos y absolver las dudas de la ciudadanía.
Reuters
