Será el próximo año cuando se concrete la adhesión de México al estándar internacional de transparencia de la industria extractiva (minera) EITI, una vez que se forme el grupo multisectorial con representaciones del gobierno, los empresarios y la sociedad civil que se encargara de generar la información pública y un mecanismo de rendición de cuentas del sector minero y de hidrocarburos el país.
Lo anterior fue dado a conocer por investigadores de FUNDAR y Transparencia Mexicana, que buscan a su vez formar parte del organismo, debido a que la industria extractiva es uno de los espacios de mayor opacidad para la población a pesar de que las concesiones entregadas hasta este momento por el gobierno federal involucran a 7 millones de personas y al 14 por ciento del territorio nacional.
EITI, explicaron, es un mecanismo de transparencia surgido de una crisis humanitaria en África debido a que no coincidía lo que las empresas decían que le pagaban al gobierno, con lo que éste decía que recibía y la manera en que se usaban estos recursos y cómo retornaban a la población.
Así que, partiendo de que el “artículo 27 constitucional dice que los recursos naturales son propiedad de la nación y las actividades mineras se han considerado como preferentes y de utilidad a pública y pertenecen a los ciudadanos, que quieren saber si estas actividades les reportan algún beneficio económico y generan desarrollo social”, precisó Francisco Cravioto de FUNDAR y Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana, por lo que, entre otros asuntos, debe tenerse acceso al Registro Público de Minería, a la cartografía minera, debe elaborarse un padrón del Fideicomiso Minero y conocerse cómo opera el Fondo de Desarrollo Minero.
A la fecha, explicaron, se desconocen los términos de los contratos, sólo hay fichas técnicas de las concesiones, se desconoce si cumplen con sus obligaciones fiscales, es decir no hay un monitoreo de la industria extractiva.
Los investigadores indicaron que el gobierno mexicano ya ha dado algunos pasos para su adhesión al EITI -del que forman parte 48 países-: en enero pasado manifestó su intención de integrarse y designó a la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Lourdes Melgar, como su representante, aunque aclaró que se incorporarán funcionarios de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
En octubre próximo, dijeron, podría integrarse el “grupo multipartícipes” que se encargará de elaborar un plan de acción y la candidatura del país será formalmente propuesta en la reunión anual del organismo que luego de la admisión evaluará su actuación en dos años y medio, y posteriormente cada tres años para emitir una calificación sobre la actuación.
Indicaron que aunque conocen de experiencias negativas de la aplicación del estándar de transparencia como las de Guatemala donde el gobierno incorporó a organizaciones pantalla y flexibles a su posición y que no responde a los intereses de la ciudadanía o la de Azerbayán donde los actores que participaban en la mesa eran amenazados por organismos del estado al punto tal que algunos tuvieron que salir de este lugar, la eficacia depende de cada país, o es una “iniciativa de legitimación o es una iniciativa de construcción”.
Cravioto precisó que el interés de FUNDAR de formar parte del estándar está basado en que ningún punto del plan de acción puede pasar si no se establecen consensos entre todos los participantes y aunque admitió que va a ser difícil colocar todos los temas que la sociedad civil quiere que estén, pero en un primer momento impulsarán el monitoreo de los ingresos del Estado por la industria extractiva y la agenda medioambiental.
A título personal, señaló, también debería incorporarse el tema del consentimiento o la licencia social, el respeto a los derechos humanos, “pero es un espacio en construcción”.
Será el próximo año cuando se concrete la adhesión de México al estándar internacional de transparencia de la industria extractiva (minera) EITI, una vez que se forme el grupo multisectorial con representaciones del gobierno, los empresarios y la sociedad civil que se encargara de generar la información pública y un mecanismo de rendición de cuentas del sector minero y de hidrocarburos el país.
Lo anterior fue dado a conocer por investigadores de FUNDAR y Transparencia Mexicana, que buscan a su vez formar parte del organismo, debido a que la industria extractiva es uno de los espacios de mayor opacidad para la población a pesar de que las concesiones entregadas hasta este momento por el gobierno federal involucran a 7 millones de personas y al 14 por ciento del territorio nacional.
EITI, explicaron, es un mecanismo de transparencia surgido de una crisis humanitaria en África debido a que no coincidía lo que las empresas decían que le pagaban al gobierno, con lo que éste decía que recibía y la manera en que se usaban estos recursos y cómo retornaban a la población.
Así que, partiendo de que el “artículo 27 constitucional dice que los recursos naturales son propiedad de la nación y las actividades mineras se han considerado como preferentes y de utilidad a pública y pertenecen a los ciudadanos, que quieren saber si estas actividades les reportan algún beneficio económico y generan desarrollo social”, precisó Francisco Cravioto de FUNDAR y Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana, por lo que, entre otros asuntos, debe tenerse acceso al Registro Público de Minería, a la cartografía minera, debe elaborarse un padrón del Fideicomiso Minero y conocerse cómo opera el Fondo de Desarrollo Minero.
A la fecha, explicaron, se desconocen los términos de los contratos, sólo hay fichas técnicas de las concesiones, se desconoce si cumplen con sus obligaciones fiscales, es decir no hay un monitoreo de la industria extractiva.
Los investigadores indicaron que el gobierno mexicano ya ha dado algunos pasos para su adhesión al EITI -del que forman parte 48 países-: en enero pasado manifestó su intención de integrarse y designó a la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Lourdes Melgar, como su representante, aunque aclaró que se incorporarán funcionarios de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
En octubre próximo, dijeron, podría integrarse el “grupo multipartícipes” que se encargará de elaborar un plan de acción y la candidatura del país será formalmente propuesta en la reunión anual del organismo que luego de la admisión evaluará su actuación en dos años y medio, y posteriormente cada tres años para emitir una calificación sobre la actuación.
Indicaron que aunque conocen de experiencias negativas de la aplicación del estándar de transparencia como las de Guatemala donde el gobierno incorporó a organizaciones pantalla y flexibles a su posición y que no responde a los intereses de la ciudadanía o la de Azerbayán donde los actores que participaban en la mesa eran amenazados por organismos del estado al punto tal que algunos tuvieron que salir de este lugar, la eficacia depende de cada país, o es una “iniciativa de legitimación o es una iniciativa de construcción”.
Cravioto precisó que el interés de FUNDAR de formar parte del estándar está basado en que ningún punto del plan de acción puede pasar si no se establecen consensos entre todos los participantes y aunque admitió que va a ser difícil colocar todos los temas que la sociedad civil quiere que estén, pero en un primer momento impulsarán el monitoreo de los ingresos del Estado por la industria extractiva y la agenda medioambiental.
A título personal, señaló, también debería incorporarse el tema del consentimiento o la licencia social, el respeto a los derechos humanos, “pero es un espacio en construcción”.
NTX
