El Gobierno Nacional presentó un plan de choque para combatir la minería ilegal, que en el caso de la extracción de oro alcanza un 88%, es decir de los 6,76 millones de gramos del metal que se produjeron en 2014, tan solo el 12% es legal (Vea cómo afecta la minería ilegal a la producción legal)
El paquete de medidas, en el que participarán los Ministerios de Minas, Defensa, Justicia y Medioambiente, incluye formalización de pequeños productores que trabajan sin licencia, la oportunidad de cambio de actividad para quienes no quieran legalizarse y el castigo para los que desarrollen este tipo de actividad con el fin de financiar grupos al margen de la ley.
Según el responsable de la cartera de la Defensa, Luis Carlos Villegas, para este fin serán creados dos grupos élites de la Policía y el Ejército que tendrán facultades para incautación y suspensión de actividades mineras en zonas donde no es permitido.
Por su parte, Tomás González, ministro de Minas y Energía manifestó que la formalización a la que se deben ajustar quienes son legales incluye: obtener un título minero, tener un instrumento ambiental y un plan minero, pagar regalías y que el pago de los trabajadores se haga con los estándares exigidos por el Estado.
Así mismo, la viceministra de minas,María Isabel Ulloa, con la política de formalización expedida en 2014 se crearon once juntas de formalización en igual número de departamentos y cerca de 880 unidades mineras en este proceso. A 2018 deberán haber terminado este proceso más de dos mil. (Vea por qué el país no es competitivo para la minería)
A pesar de que el Gobierno ha declarado más de 50 parques y ha consolidado las Áreas Protegidas, en donde no se podrá desarrollar minería, el 17% de ellas tienen algun tipo de operaciones de este tipo, según Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente.
Por esta razón, el metal y los recursos que sean incautados en las operaciones serán invertidos en los pasivos ambientales generados por estas operaciones.
Finalmente, explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, los delitos por los que podrá ser condenado una persona están los de instigación al terrorismo, el de encubrimiento y lavado de activos. Entre tanto, quienes compongan cualquier parte de la cadena del tráfico del metal serán judicializarlos.
En las próximas dos semanas será determinado quienes compondrán los grupos de la Fuerza Pública y la Policía que iniciarán las actividades.
Los departamentos más afectados por este flagelo son Chocó y Amazonas.
El Espectador
