La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) recibió 160 solicitudes de empresas mineras para operar en las áreas protegidas del país, informó a ANF el director de esa entidad, Carlos Alberto Soruco. Según datos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), ya existe actividad minera en al menos siete de las 22 áreas protegidas del país.
Campanini detalló que las concesiones mineras en el país suman 2 millones de hectáreas y de ese total 300 mil están en áreas protegidas, es decir, un 15 por ciento.
Soruco manifestó que La Paz, Santa Cruz y Oruro son los departamentos con mayor cantidad de áreas protegidas y que actualmente no tendría que existir actividad minera en ninguna de las 22 reservas naturales del país, porque no se aprobaron contratos y que, de existir, sería una actividad “ilegal”. Sin embargo, precisó que “a partir de 160 trámites que están en áreas protegidas, esos contratos están siendo analizados”. Además, se elabora “un reglamento que se está trabajando con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)”, sostuvo Soruco.
Precisó que el Sernap debe emitir un informe que determine en qué áreas protegidas puede haber actividad minera y en qué lugares no. De este informe dependería iniciar la consulta a los pueblos indígenas originario campesinos que podrían ser afectados. En su criterio, es un proceso complejo, porque “los pueblos indígenas quieren ser ellos los explotadores y no gente ajena y, por otro lado, los operadores no quieren ceder”, explicó.
Con datos hasta 2014, el director del Cedib, Jorge Campanini, explicó que el área protegida más afectada por la actividad minera era el parque Apolobamba, en La Paz; le siguen el parque Cotapata, en la misma ciudad; la Reserva de Fauna y Flora Abaroa, en Potosí; San Matías, en Santa Cruz; Manuripi, en Pando; Madidi, en La Paz, y el Parque Tunari, en Cochabamba. En la mayoría de los casos, predomina la actividad aurífera.
Para Campanini, se trata de una “formalización” de esa actividad, en el caso de los cooperativistas, pues la nueva Ley Minera y la Constitución respetan las áreas preconstituídas.
A los cooperativistas les van a readecuar sus contratos, es sólo un trámite administrativo. Con las empresas, van en la misma línea”, manifestó. Hizo notar que la nueva ley minera prohíbe la actividad minera en áreas protegidas; sin embargo, respeta las concesiones otorgadas.
Dijo también que las actuales concesiones mineras son mucho más de 160, así que podría tratarse de nuevas concesiones.
Desde el 2 de febrero de este año, con la Ley de Minería y Metalurgia, se presentaron 1.197 nuevos trámites para suscribir contratos. En ninguno de los dos casos se precisó cuáles son las mayores solicitudes, es decir, si son de cooperativas, empresas o compañías unipersonales.
Desde septiembre de este año se empezarán a remitir los contratos paulatinamente para su aprobación en la Asamblea.
Las áreas protegidas de Bolivia están también bajo la presión de las empresas petroleras, las cuales a partir del 20 de mayo pasado, ya pueden ingresar en ellas.
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