En las cuencas mineras solo queda miseria. Los dicen los representantes mineros, los trabajadores y, en los últimos tiempos, hasta los propios empresarios. El sector del carbón no deja de enterrar empleos. En 1985, contaba con un parque empresarial de 211 explotaciones y 50.835 empleos. Tres décadas después, la minería ha pasado de ser un sector estratégico a un sector residual, con una plantilla propia que ronda los 3.000 trabajadores y que en Castilla y León apenas supera los 1.500, en su mayoría inmersos en expedientes de regulación de empleo y con el claro convencimiento de que acabarán convirtiéndose en “parados del carbón”.

Lejos de vislumbrarse una solución, la crisis que sufre el sector desde el año 2010 se ha agudizado en los últimos meses. Al recorte de las ayudas y el incumplimiento del Plan del Carbón, el 31 de diciembre de 2014 expiraba el Real Decreto de suministros de garantía que establecía el cupo de carbón nacional que las centrales térmicas debían adquirir anualmente. Un mecanismo clave para la pervivencia del sector a pesar de que durante el 2014 la minería española apenas vendió el 40% del carbón subvencionado que establecía la quema de 7,5 millones de toneladas frente a las tres que finalmente dieron salida las productoras.

A partir de esa fecha y tras numerosas negociaciones en vano, las eléctricas priorizaron la compra de carbón de importación, que actualmente apenas roza los 55 dólares la tonelada y al que no pueden hacer competencia ningún carbón español, con una diferencia que oscila entre los 20 y 30 euros en tonelada, principalmente “por los elevados costes de extracción del carbón en España”. Un pulso, el de las eléctricas, que ha empujado al conjunto de las empresas mineras en Castilla y León –Uminsa, Hullera Vasco Leonesa, Hermanos Baldomero García, Carbones Arlanza y Alto Bierzo– a quedarse con una plantilla residual e incluso a paralizar por completo su actividad.

Una situación de asfixia que empujó al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a emprender una batalla política con su propio partido. Conversaciones telefónicas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se tradujeron en un documento en el que Industria establecía nuevos incentivos a las térmicas a cambio de garantizar el consumo de carbón nacional. Un documento “trampa”, según advirtieron sindicatos y patronal.

El Gobierno establecía la reducción del cupo del 40% respecto al 2014, la incentivación de los carbones de peor calidad, lo que suponía un grave perjuicio para la minería de León al establecer la venta por termias en lugar de por toneladas como hasta ahora, y una retribución para la realización de inversiones en mejoras medioambientales, es decir, para la desnitrificación de aquellas unidades de producción de energía eléctrica que utilicen carbón autóctono como combustible principal.

Esfuerzo en balde

Pero las térmicas tienen hasta el próximo mes de septiembre para decidir si sumarse o no a esta alternativa, dilatando la entrada en vigor de esta ordenanza y llevando al conjunto del sector a ponerse en pie de guerra. De nada sirvió la presencia de las elecciones municipales y autonómicas ni el protagonismo que adquirieron los mineros en los actos políticos de Castilla y León. Atrás quedaron también las lágrimas de Beatriz Coelho, la candidata del PP a la Alcaldía del municipio minero de Toreno, y el órdago lanzado por Juan Vicente Herrera, que llegó incluso a pedir la dimisión del ministro de Industria y a replantearse su futuro al frente de la Junta de Castilla y León ante la confrontación surgida con su propio partido por la minería.

Pero todo ha sido en balde. El sector de la minería afronta estos últimos días de junio inmerso en la desesperación, solo aliviada por una promesa que suena a hueco. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, trasladó ayer el compromiso de las eléctricas para la quema de carbón a partir del próximo 1 de julio, desbloqueando, de esta forma, la compra de mineral autóctono pendiente de la orden ministerial que establece los incentivos a las centrales térmicas. El compromiso, que pasaría por la quema del cupo del segundo semestre del 2014, podría “ser una salida para encarrilar la situación que atraviesa un sector que, sin embargo, recibe este anuncio con cautela porque, como recuerdan desde los sindicatos, “más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Han sido “muchas, demasiadas las promesas que han caído en saco roto en los últimos años que ahora solo nos creemos los hechos”.

Porque los mineros, están escarmentados después de años y años lidiando una lucha que ha sido protagonista de la huelga de la primavera de 1962, donde los mineros incluso lograron doblegar al mismísimo Franco. Conflictos, huelgas, marchas que moldearon a un sector que más de medio siglo después sigue librando una batalla.

El carbón, la única materia prima energética en España, siempre ha estado considerado como un sector estratégico en un país con una fuerte dependencia energética exterior. Un sector clave para provincias como la de León donde se convertía en el sustento de cientos de familias y en la base económica y la esencia de las cuencas mineras. Un sector que unos y otros, de un color u otro, reconocen como estratégico, lo que no ha impedido que actualmente esté al borde de un precipicio, arrastrando con él a las miles de familias que, en apenas unos meses, han perdido su sustento y medio de vida y a las comarcas mineras por su fuerte dependencia a este recurso.

En permanente conflicto

En septiembre del 2010 al grito de “mineros, póngase en fila de dos en dos”, más de 200 mineros leoneses iniciaban, entre lágrimas y aplausos y al son de ‘Santa Bárbara Bendita’, patrona de los mineros, la que pasaría a ser la II Marcha Negra que llegaba para exigir la puesta en macha del real decreto que priorizase el consumo de carbón nacional.

Una protesta que, a diferencia de la que protagonizaron hasta Madrid más de 500 mineros de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en el marco de la huelga de 1992, tan solo llegaría hasta la capital leonesa al lograr que la Comisión Europea diera luz verde al real decreto del carbón. Un éxito que no impediría que, desde ese momento, se sucedieran las reducciones de plantilla en todas las empresas mineras y se estuviese hablando ya del principio del fin.

Dos años después y tal y como ocurriera dos décadas atrás, los mineros volvían a decidir de nuevo caminar sobre el asfalto para defender su trabajo y esta vez lo hacían hasta Madrid. Con la llegada al Gobierno, el PP introdujo un recorte del 63% en las ayudas directas a la producción durante el ejerció 2012, incumpliendo el vigente Plan del Carbón. Un recorte en unas ayudas sin las que la mayoría de las empresas no podrían sostenerse y que pronto encendió la mecha del conflicto de un sector que, de nuevo, volvía a centrar todas las miradas, no solo de España sino de buena parte del mundo.

Sería un 21 de mayo de 2012 cuando de nuevo el conflicto estallaba en las cuencas mineras de León de la mano de los ‘Ocho de Santa Cruz del Sil’ que, al finalizar su turno, iniciaron un encierro en el interior del tajo que se prolongaría durante 52 días. Concentraciones, encierros, pitadas, sentadas y cortes de carretera que no fueron suficientes para que el Gobierno diera marcha atrás al recorte de las ayudas, llevando a los mineros a protagonizar la III Marcha Negra que, tras más de 19 días en el asfalto, culminaría en Madrid.

Sensación de derrota

Pero de nada serviría. Con el eco de los aplausos y los gritos de apoyo de la sociedad española, los mineros regresaban a sus cuencas, donde la realidad de una huelga y el desgaste por las continúas protestas empezaban a hacer mella en los trabajadores que sin resignarse a dar por perdida la batalla volvían al tajo con una sensación de derrota. Una relativa normalidad se instalaba en las explotaciones mineras con los impagos como telón de fondo y los despidos y los cierres como tónica general en el sector. Especialmente significativo el bloqueo de las ayuda a la Hullera y al Grupo Alonso que, durante meses puso en jaque la minería privada.

En abril de 2013 y tras numerosas exigencias, el Gobierno convocaba por separado a sindicatos y patronal a negociar el Plan del Carbón 20132018 que, sin embargo, no vería hasta octubre del 2014. Por aquellas, empresas como Coto Minero Cantábrico e Isidro y María entraban en fase de liquidación. Pero no había tregua. La firma del nuevo marco regulador no llevó implícito el pago de las ayudas a las empresas que veían bajar en picado sus ingresos ante el bloqueo de las térmicas que eludían su obligación de comprar el carbón mineral. Y así, sin recibir las subvenciones comprometidas por el Gobierno, sin dar salida al carbón y sin un mecanismo que priorice la venta del mineral nacional frente al de importación, la minería ha llegado al ecuador del 2015 completamente pendiente de un hilo y cada vez más convencido “de que la intención del Gobierno es poner punto y final al sector”.

León Noticias

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