El dirigente de la Renovación Radical Popular Alfredo Marchioli di elaboró un documento titulado “Consideraciones sobre la Política Minera Nacional -Impacto en la Economía de Catamarca” en donde advierte la situación que atraviesa el sector, incluyendo algunas propuestas a corto y mediano plazo para recuperar el crecimiento de la actividad productiva “más importante de la provincia”.
En este marco y poniendo como destinatarios a potenciales y “futuros decidores políticos de orden nacional y provincial”, el expresidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA) y miembro de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), destacó las competencias jurisdiccionales, tanto a nivel provincial y nacional. Así, señaló que la primera tiene como misión la preservación del medio ambiente y distribución de los recursos económicos generados, mientras que la segunda tiene la potestad de imponer medidas macroeconómicas y particulares que impactan sobre el sector, las que inciden superlativamente para las inversiones destinadas a proyectos mineros, tanto para exploración como para explotación.
En el documento rescata los reclamos sociales que sucedieron en nuestra provincia, recordando que desde el 2009 las preocupaciones estuvieron asociadas al impacto ambiental, que luego fueron mutando al reclamo por la escasa percepción social de los beneficios socioeconómicos, “situación que puede asociarse al progreso de las herramientas de control ambiental gubernamental y por la falta de evidencias concretas de contaminación”.
Sobre este eje, destacó que “los reclamos se endurecieron proporcionalmente a los años de explotación, como el caso “15-F” en Andalgalá, con Bajo La Alumbrera, primer megaproyecto minero de la Argentina, situación “condimentada” con las actividades exploratorias del proyecto Agua Rica, por la “ineficacia” municipal para la inversión de los fondos provenientes de regalías mineras y la escasa inversión y presencia del Estado provincial”.
Competencia nacional
En cuanto al plano nacional y las principales medidas económicas y de comercio exterior que afectan al sector, indicó algunas, como las retenciones a las exportaciones (2007), la cual afectó directamente a Minera Alumbrera, y a Catamarca por la conformación societaria de YMAD, con una retención del 10%. “Esta medida imposibilitó que la Provincia percibiera a la fecha (mayo-2015) cerca de $1.500 millones”, apuntó, calculando que la cifra es equivalente a 24.000 viviendas tipo, 3 diques El Bolsón o, incluso, el dique Potrero Clavillo proyectado -en su versión conservadora-.
“Es una ironía que esas 24.000 viviendas cubran el déficit habitacional que posee actualmente la provincia de Catamarca”, sostiene el documento, más aún si “los fondos recaudados por retenciones pasaron a “engordar” las arcas del Estado nacional que destina discrecionalmente los recursos que, obviamente, no retornaron a la provincia”.
Otras de las medidas económicas que afectaron al sector, según el documento, fueron la Restricciones a las Importaciones, “uno de los principales obstáculos al desarrollo de los proyectos en operación incrementando costos y tiempos” y la Restricción a la Liquidación de Divisas, “que produjo la suspensión de las exportaciones y repercutió financieramente en Catamarca por la falta de liquidación de regalías. Esta medida fue posteriormente retractada por el Gobierno nacional”.
Con todo ello, indicó que previo a la modificación del régimen minero (2007) en la provincia se encontraban en proceso de exploración y factibilidad los proyectos mineros, “que actualmente se encuentran paralizados” de Agua Rica, Diablillos, Incahuasi, La Hoyada, Antofalla, Calalaste, Áreas Votorantim, Jackson Global, Madero Minerals, Salar de Antofalla y Sal de Vida, entre otros.
De esta forma, Marchioli exhortó a que, de pretender un crecimiento del sector, “nada podrán hacer las provincias sino existe una política nacional con reglas claras y sostenibles, con medidas que brinden condiciones de certidumbre y confianza para inversiones de riesgo”.
En Diputados
En la última sesión de la cámara baja, entró un proyecto de ley del legislador Jorge Lagoria, en el cual propone la modificación del artículo 7 sobre la ley provincial 5128 (Distribución de fondos de regalías mineras).
En este sentido, el diputado propone que, con la modificación a la normativa, se le asigne al departamento Santa María una participación extraordinaria del 10 por ciento de las regalías que forman el tesoro provincial conforme al artículo 2°, por la explotación de cualquier yacimiento minero en sus distintas metodologías que se realice en la región, mientras los mismos extraigan agua de dicho departamento durante la etapa de operación o finalizada la misma.
