La minería es una actividad de largo plazo, pero no se trata de un plazo que transcurra linealmente, que empieza y termina de la misma manera, sino que abarca un ciclo con una serie de etapas que se desarrollan sucesivamente en el tiempo, cada una con un marco legal y una gestión específica, con requerimientos de personal y tecnologías apropiadas, con inversiones que aumentan en forma exponencial de una etapa a otra, y con un alto porcentaje de suspensiones y abandonos por resultados negativos que impiden llegar, en el 90% de los casos, a la etapa de producción.

Además suele haber cambios de actores cada vez que se supera la capacidad de inversión de la empresa actuante o se interrumpe o se suspende la actividad.

El ciclo comienza con la búsqueda de un depósito mineral (prospección) que puede durar de uno a tres años, más el tiempo que insume la tramitación del Informe de Impacto Ambiental, aproximadamente un año o más. Si los resultados son positivos y se encuentra una manifestación mineral (por ejemplo cobre) se denuncia ante la Autoridad Minera para que se registre como manifestación de descubrimiento.

Seguidamente se hacen otras diligencias que culminan cuando la Autoridad comprueba la existencia del mineral en el terreno y procede a la mensura y otorgamiento de la propiedad minera al solicitante. Estas tareas suelen demandar un año y pueden prolongarse si hay inconvenientes legales o de otro tipo.

La etapa siguiente es la exploración, cuyo objetivo es dimensionar y evaluar como recurso el cuerpo mineral descubierto (forma, límites, mineralogía, calidad). Debe presentarse un Proyecto y un Informe de Impacto Ambiental cuya tramitación y aprobación no se hace en menos de un año, y si requieren ratificación legislativa como los metalíferos en Mendoza, la demora es mayor. Una vez que se aprueba el Informe de Impacto Ambiental recién se puede comenzar la exploración mediante el uso de diversas técnicas entre las cuales las perforaciones y la apertura de labores mineras son las más costosas.

Esta etapa se ejecuta en varios años (tres a cinco para el ejemplo elegido) y su avance tiene interrupciones y cambios de programación debido a que los resultados que se van obteniendo obligan a cambiar o redimensionar los trabajos originalmente previstos. También es común que ante exploraciones exitosas haya interrupciones y negociaciones para conseguir más dinero o nuevos socios para continuar explorando, dado que no existe financiación bancaria para estas etapas consideradas “de riesgo”. Los estudios de factibilidad (preliminar y definitiva) son la culminación de la exploración y pueden durar dos años o más.

Una vez demostrada la factibilidad se pasa a diseñar y presupuestar la construcción del establecimiento productivo y conseguir su financiación. Para concretar el proyecto debe presentarse el informe de impacto ambiental y esperar a que se apruebe, trámite que puede completarse en un par de años. Superada esa instancia, la construcción suele hacerse en uno a dos años y, a su término, comienza la producción de la mina.

Queda claro que desde el comienzo del ciclo hasta que se empieza a producir transcurre mucho tiempo (un mínimo de quince años en el ejemplo elegido) durante el cual hay inversión, generación de puestos de trabajo y compra de insumos y servicios, pero no hay ventas ni ganancias.

La producción se extiende hasta que se agotan las reservas del yacimiento (por ejemplo, la mina Bajo de la Alumbrera tiene un vida útil de veinte años). Esta etapa es de gran estabilidad y es la que genera el gran aporte a la economía de la región, produciendo y dando trabajo estable, y creando una red de varios cientos de pequeñas empresas proveedoras de insumos, repuestos y servicios. La última etapa es el cierre del establecimiento, que debe estar incluido en el proyecto de producción y asegurada su realización y su financiación.

Paralelamente al desarrollo de este ciclo, la misma empresa u otras comienzan otro ciclo llevando a cabo trabajos de prospección y exploración con el objetivo de encontrar otro yacimiento que, en el futuro, reemplace al que se está agotando. Y como estadísticamente el 90% de las exploraciones se interrumpe o se suspende, en la práctica es necesario tener activos diez proyectos de exploración para que quince o veinte años después se ponga en producción uno de ellos.

Por eso, este tipo de actividad requiere reglas claras y estables para que pueda desarrollarse. Los inversores que inician el ciclo (empresas exploradoras) necesitan tener cierta seguridad de que quince o veinte años después pueda concretar un negocio. Si no tienen esa seguridad mínima, no tiene sentido que hagan una inversión de riesgo y entonces optan por irse a invertir a otro lugar, como ha ocurrido en los últimos años.

Si comparamos los tiempos de la minería con los tiempos políticos, es evidente que los primeros exceden a los segundos. Por eso no se puede pretender desarrollar minería dentro de un solo período de gobierno, con decisiones espasmódicas y contradictorias, y con reglas de juego que un gobierno puede imponer pero el gobierno siguiente puede cambiar.

Si una empresa comienza una prospección este año, dentro de quince años habrán pasado cuatro gobiernos y recién se concretará el proyecto productivo. Por eso, las reglas claras y estables deben ser independientes del color político de los gobiernos para que tengan la continuidad necesaria para que las inversiones de riesgo se conviertan en negocios y no en problemas.

El ejemplo más ilustrativo de lo que acabamos de decir es la política minera nacional que fue diseñada en una gran mesa de consenso constituida por el Consejo Federal de Minería (Cofemin) donde participaron todas las provincias, todos los partidos políticos y todos los actores del sector.

Este no es un detalle menor porque por esa razón las tres leyes que definieron la nueva política se aprobaron por unanimidad en el Congreso Nacional en 1993. Y, por la misma razón, aún sigue vigente después de 21 años, con resultados muy beneficiosos para el país, como muestran los informes de la Secretaría de Minería de la Nación.

Mendoza tiene un Plan Estratégico de Desarrollo que, hasta ahora, contiene muchas expresiones de deseo pero los planes específicos para concretar el desarrollo deseado no son tantos. La minería debe integrarse a ese Plan y en su integración deben participar todas las fuerzas políticas y todos los actores relacionados con el sector para que, a través de una discusión constructiva, se logren los acuerdos necesarios para establecer reglas claras y estables para los próximos quince, veinte o treinta años.

Los Andes

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