El legislador consideró que “la minería, además de la generación intensiva de puestos de trabajo, debe impulsar un programa integral que apuntale el crecimiento de los proveedores locales y desarrollo social comunitario, sin reemplazar al Estado, pero involucrándose directamente en el crecimiento de las comunidades, en este caso particular de Puerto Deseado”.
En ese sentido, citó que “en Puerto San Julián tenemos un ejemplo con lo alcanzado entre la Agencia de Desarrollo local, la minera Cerro Vanguardia y el municipio, quienes han podido armonizar de manera sustentable la actividad económica de la minería metalífera con el desarrollo local y la construcción de infraestructura al servicio de la gente”.
CONTRAPOSICION
A diferencia de ello, recordó que “lamentablemente ese no es el caso de Minera Triton” que opera un yacimiento próximo a Gobernador Gregores, tratándose de una operadora “que no participa activamente de la problemática de esa localidad” y además está a pocos años de finalizar su actividad.
Por ello, Fernández advirtió “a los compañeros diputados de Chubut y a la comunidad de Gastre, que sean cuidadosos al momento de entregarles la licencia social a Panamerican Silver Corp”, de la cual Minera Triton es subsidiaria.
“Les pido que se asesoren sobre cuál fue la experiencia con esta empresa en Santa Cruz”, advirtió.
Finalmente, adelantó que en esta provincia se está muy cerca de consensuar, entre el gobierno y las operadoras mineras, una ley de “acuerdos voluntarios” que reemplazará al impuesto inmobiliario minero “sin violar la estabilidad fiscal impuesta por Ley Nacional.
“Ello no solo permitirá una mayor recaudación para la provincia, sino también destrabar importantes inversiones que podrán volcarse principalmente en las áreas de salud y educación”, subrayó.
El Patagónico
