Una delegación de El Salvador inició hoy una visita a Canadá para recabar apoyos contra la minera australiano-canadiense OceanaGold, que demanda 301 millones de dólares al país centroamericano por negarle el permiso para explotar una mina de oro.
La delegación está encabezada por la Procuradora para la Defensa al Derecho al Medio Ambiente de El Salvador, Yanira Cortez, e incluye a Marcos Gálvez, presidente de la ONG salvadoreña Cripdes, que representa a comunidades afectadas por proyectos mineros en el país centroamericano.
Cortez y Gálvez tienen previsto participar hoy en un acto en el centro de estudios progresista Canadian Centre for Policy Alternatives, en Ottawa, y reunirse en los próximos días con parlamentarios canadienses así como con representantes de organizaciones civiles y sindicatos para recabar apoyos para El Salvador.
Pero Cortez lamentó en declaraciones a Efe que ningún representante del Gobierno canadiense haya mostrado interés en reunirse con ella.
“Creo que se han girado algunas invitaciones pero no ha habido respuesta aún. Sería interesante que las autoridades de Canadá escuchasen la posición de la Procuraduría salvadoreña”, dijo Cortez.
La Procuradora recalcó que la demanda de OceanaGold contra El Salvador puede sentar un “peligroso” precedente y supone una grave amenaza para la economía del país centroamericano.
El caso se remonta a 2009, cuando la compañía canadiense Pacific Rim presentó una demanda contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo para Diferencias Relativa a Inversores (CIADI) del Banco Mundial por no permitir la entrada en funcionamiento del proyecto El Dorado.
Pacific Rim demandó 301 millones de dólares a las autoridades salvadoreñas al estimar que el proyecto de la mina de oro de El Dorado, situado en el departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador, tiene un gran potencial económico.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos salvadoreños negaron la concesión de la licencia de operación de El Dorado por la amenaza que la mina representa para el agua potable de gran parte del norte del país y otros daños medioambientales.
En 2013, OceanaGold adquirió Pacific Rim cuando la minera estaba al borde de la quiebra, y mantuvo la demanda contra El Salvador.
Cortez destacó que los más de 300 millones de dólares que OceanaGold reclama es “el presupuesto combinado para salud, educación y seguridad de tres años” de El Salvador.
La visita de Cortez expone la política del Gobierno del primer ministro canadiense, Stephen Harper, que en los últimos años ha ordenado a sus embajadas que conviertan en una prioridad la promoción y defensa de las empresas mineras del país, una política criticada por partidos de la oposición y organizaciones sociales.
Este enfoque de la política exterior canadiense se suma a la decisión de Harper de retirar a Canadá del Protocolo de Kioto, y rebajar la protección medioambiental en el país, para permitir el desarrollo sin cortapisas de su sector extractor, principalmente en el terreno petrolero.
Jen Moore, coordinadora de la ONG MiningWatch Canada, que vigila las actividades del sector minero canadiense, destacó a Efe que Ottawa ha prestado apoyo a empresas mineras en Guatemala y México que han sido relacionadas por organizaciones locales con ataques y asesinatos contra líderes sociales.
“Sabemos que la Embajada canadiense en El Salvador está ahí, al 100 por ciento, para promover los intereses mineros canadienses”, afirmó Moore, aunque también reconoció que “todavía no tenemos una clara imagen del nivel de apoyo que ha proporcionado a Pacific Rim”.
Cortez advirtió de que el apoyo incondicional de la embajada canadiense a OceanaGold, a través de Pacific Rim, puede provocar protestas contra la representación diplomática canadiense.
“Si esta posición de la diplomacia canadiense de apoyar estas empresas, si las organizaciones de El Salvador son conscientes de esta situación, puede haber algunas acciones en contra de la Embajada. Ya las hubo. Y se pueden incrementar si la Embajada también incrementa esa posición”, declaró.
Por su parte, Marcos Gálvez señaló que el proyecto de El Dorado ya ha tenido efectos negativos para las comunidades de la región.
“Ya hemos tenido asesinatos, divisiones en las comunidades, conflictos sociales, sólo con la etapa de exploración. Todas las comunidades y personas que se han opuesto al proyecto, han sufrido amenazas. Es lo mismo que ha sucedido en otros países”, dijo Gálvez.
El representante de Cripdes también destacó los efectos que tendría una victoria de OceanaGold en el tribunal del CIADI.
“El Estado -agregó- tendría que pagar esos 301 millones de dólares, lo que implicaría la disminución de los programas sociales en educación y salud, y nos dejaría expuestos a más demandas de otras empresas”.
En este sentido, MiningWatch denunció el incremento de las denuncias de compañías mineras y petroleras, muchas de ellas canadienses, ante el CIADI que han pasado de tres en el año 2000 a 169 en 2013.
EFE
