El lunes pasado, la Presidenta Michelle Bachelet podría arribar a la Región de Antofagasta para participar de la celebración de los 100 años de la División Chuquicamata de Codelco. De concretarse el viaje, la Mandataria llegará a la operación minera que ostenta el rajo abierto más grande del mundo, en un momento calificado por la cuprera y sindicatos como “histórico”.

Eso, porque hace pocos días el directorio de la estatal, encabezado por Oscar Landerretche, dio luz verde a un acuerdo entre la administración y los trabajadores alcanzado en la mesa de convergencia técnica impulsada por el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro. Se trata del desarrollo de un proyecto de transición entre el fin de la explotación de la actual mina a rajo abierto a una operación subterránea.

Codelco estima que la iniciativa, que implica el desarrollo de las denominadas fases 46 y 49, inicie su construcción este año y demande una inversión de US$ 466 millones.

“Se trata de sustentar la alternativa más rentable para la transición mina rajo abierto a mina subterránea, maximizando los excedentes del período 2015-2020, y recuperando la competitividad del negocio divisional”, dijo Codelco.

La estatal añadió que, según estudios, el desarrollo de la fase 46 permitirá explotar 30 millones de toneladas de mineral de alta ley (1,05%) en el fondo del rajo, incorporando 177 mil toneladas de cobre y casi 12 mil de molibdeno. La empresa también señaló que existen compromisos por parte de los trabajadores y la administración, relacionados con lograr ciertos rendimientos y profundización de las fases.

“Hay compromisos de productividad, tiempos efectivos de trabajo, mejoras de disponibilidad y prácticas laborales, que hacen viable lograr esa mayor profundización en la explotación del rajo”, dijo el vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco, Octavio Araneda.

Dudas sobre la operación

Actualmente, Codelco ejecuta el proyecto estructural Chuquicamata Subterráneo, de US$ 4.200 millones, consistente en la ya mencionada transformación del rajo abierto en una operación subterránea.

Frente a esta iniciativa, habían algunas dudas relacionadas con la fecha de puesta en marcha, estimada para 2019, y las implicancias en términos de empleo que se darían durante la transición, ya que la menor disponibilidad de mineral en el actual rajo, podía significar un menor número de trabajadores.

Pero esas no eran las únicas dudas en torno a este proyecto. Con el acuerdo entre la administración y los sindicatos surgieron otras desde el sector empresarial privado, el cual venía mirando con distancia la posibilidad de desarrollar las fases 46 y 49. De hecho, fuentes ligadas a la industria minera ven el acuerdo entre Codelco y sus sindicatos como una cesión a la presión de los trabajadores. Al respecto, plantean que el acuerdo genera un mal precedente, ya que trabajadores de otras operaciones podrían aspirar a lo mismo en el futuro.

La crítica de la industria no sólo tiene que ver con la injerencia de los sindicatos. También, dicen desde el empresariado, con la capacidad que tiene la estatal de rentabilizar las fases 46 y 49.

Para los sindicatos, no obstante, este acuerdo era clave. Según dicen, de no concretarse las fases 46 y 49 unos 1.500 trabajadores de la operación habrían tenido que ser removidos de Codelco, principalmente pertenecientes al área mina (choferes, operadores y mantenedores).

En la administración de la estatal no ratificaron dicha cifra, pues dicen que la explotación del empalme está en una fase de análisis netamente de variables mineras.

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