Duras críticas lanzó la Procuraduría General de la Nación a la actual política de formalización minera, al señalar que, de un total de 3.295 solicitudes de legalización de títulos, solo el 9,74 por ciento fueron aceptadas y el 82,88 por ciento archivadas.
Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación, advirtió que los avances en esa materia en Colombia son bajos, por lo que se necesita de una política mucho más eficiente e incluyente.
Lo dijo durante su intervención en la clausura del Congreso Internacional de Minería y Petróleo, Cinmipetrol, que se llevó a cabo en Cartagena.
El funcionario dijo además que, de 8.500 solicitudes de formalización minera tramitadas, solo una fue aprobada y el resto están archivadas o en evaluación.
“Estos resultados no parecen reflejar avances en estos procesos (…). La Procuraduría hace un urgente llamado a los diferentes actores estatales para que se implemente una política de formalización minera eficaz e incluyente, que se cumpla con estándares técnicos, económicos, laborales y ambientales”, dijo.
El Procurador indicó que, no obstante los éxitos que se han dado en materia de operativos en contra de la minería ilegal (operativos en 510 minas, 831 capturas, 500 retroexcavadoras y dragas destruidas), no se ha dado hasta el momento ninguna judicialización.
“Hay total y absoluta impunidad, y si hay algo que deslegitima a la autoridad es la impunidad, porque genera desconcierto en los ciudadanos y deja la impresión de que estamos ad portas de quedar en manos de los criminales (…) Si no se pueden vincular en actuaciones penales es prueba de la absoluta ineficacia del Estado”, enfatizó.
Criticó también los artículos sobre el sector minero-energético incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, pues en su opinión se están modificando por la puerta de atrás las reglas del juego para el sector.
“Hago un nuevo llamado a las autoridades para que se actúe sin duplicidades y sin incongruencias y se garantice el cumplimiento de los fines de Estado”.
EL TIEMPO
