La instancia descartó asignar responsabilidades al Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en su calidad de ex Ministro de Hacienda y miembro del directorio de Codelco por la ventas a futuro realizadas durante 2005-2006, aunque reconoce que la transacción resultó ser un mal negocio para el país.
Con 91 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar los contratos, operaciones y forwards realizados por Codelco entre los años 2005 y 2007. El texto fue informado por la diputada Daniella Cicardini (PS).
La creación de la instancia fue aprobada por la Sala el 11 de junio de 2014, con el objeto de reunir antecedentes relativos a las pérdidas, cercanas a US$ 7.000.000.000, en que habría incurrido Codelco y la exposición financiera negativa en que se la colocó producto de operaciones, entre los años 2005 y 2007, de ventas a futuro y forwards que fueron innecesarios, especulativos, con altísimo riesgo e inusuales en el mercado. Asimismo, el mandato comprendía informar sobre los efectos y consecuencias del contrato suscrito el 31 de mayo de 2005, entre Codelco y Copper Partners lnvesment Company Ltda. (Cupic) en las Islas Bermudas.
Tras poco más de cuatro meses de indagatorias, el grupo parlamentario aprobó por unanimidad un informe único que, en lo medular reconoce que la operación fue un mal negocio para el país, pero que exime de responsabilidad al Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en su calidad de ex Ministro de Hacienda y miembro del directorio de la estatal de la época.
En el documento se señala que no se constataron situaciones que ameritaran denuncias ante la Contraloría General de la República, tribunales de Justicia u órganos fiscalizadores con competencia laboral, ambiental, o tributaria.
Conclusiones
Las conclusiones dan cuenta que al momento de producirse los hechos, al Directorio sólo le correspondió la supervigilancia y conducción superior de la empresa, mientras que la administración propiamente tal de la empresa eran prerrogativas exclusivas del presidente ejecutivo de la compañía.
Con ello, se descartaron responsabilidades de carácter político sobre el directorio, en particular de Nicolás Eyzaguirre, uno de sus directores.
En el informe se concluye además que “las operaciones no correspondieron a actividades especulativas, sino que fueron aprobadas por la instancia legal pertinente, considerando y consultando la opinión de personas e instituciones con la competencia técnica necesaria para ello”.
Se consigna que los expositores invitados a la Comisión coincidieron en que “la causa basal de las menores ganancias de Codelco en las operaciones investigadas, fue principalmente un cambio brusco, imprevisible, espectacular y estructural, acaecido a partir de la segunda mitad de 2006, generado por la emergencia de China”.
En este plano, el informe concluye que debe considerarse el hecho de que estas operaciones posibilitaron la continuidad de la División El Salvador y la construcción del Proyecto Gaby. “Considerando las condiciones de mercado a mediados de 2005 y principios de 2006 y para evitar el cierre de Salvador y extender su vida útil, Codelco ejecutó fijaciones de precio con respaldo en cobre físico”.
El documento también sanciona que el contrato descrito, si bien permitió obtener el financiamiento para construir Gaby, resultó con un altísimo costo de financiamiento para Chile y advierte que, considerando que aún se encuentra abierto este contrato y que, desde julio del 2011 presenta una evidente inequidad para uno de los socios, es recomendable renegociar sus condiciones y “restablecer los equilibrios que deben prevalecer en toda relación comercial”.
El Economista de América
