En un comunicado, Buenavista del Cobre subsidiaria de Grupo México, informó en días pasados que para dar cumplimiento al plan de reparación ambiental, en su caso compensación, y al pago de daños materiales a los habitantes ribereños de los siete municipios afectados por el lamentable accidente ocurrido el pasado 6 de agosto, ha llevado a cabo acciones en cuatro vías:
1) Atención inmediata del accidente: Se llevó a cabo la infraestructura necesaria para evitar que se repita un accidente. La empresa invirtió en la atención de las poblaciones afectadas independiente a los recursos repartidos por el Fideicomiso.
Proporcionó apoyos económicos a cada uno de los 7 municipios que esperamos, hayan sido utilizados en beneficio de la población.
2) Creación de Fideicomiso: La empresa se obligó con el Gobierno Federal a constituir un Fideicomiso por 2 mil millones de pesos para la reparación ambiental y pago de daños materiales por el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi.
El Fideicomiso cuenta con un Comité Técnico que encabeza el Gobierno Federal, el cual es el encargado de distribuir los recursos. Se entregaron recursos para atender a la población, pagar indemnizaciones a los productores afectados y llevar a cabo acciones para revertir los daños ecológicos.
3) Pago de multas: La empresa cumplió con el pago de las multas impuestas por un monto de 23.5 millones de pesos, tal como lo dio a conocer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El importe de estas sanciones es independiente al Fideicomiso antes mencionado.
4) Plan de remediación: La minera lleva a cabo un programa de remediación que contempla el saneamiento de un área de 276 kilómetros, que abarca los 7 municipios afectados. Este programa fue revisado por la SEMARNAT, que comanda Juan José Guerra Abud, la cual estará presente durante todo el proceso para garantizar que los trabajos se llevan a cabo de una manera adecuada.
Actos ilegales contra la empresa: La empresa en pleno uso del Estado de Derecho, interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por los delitos de robo, despojo y daños derivados por el bloqueo, desde el 23 de marzo, de los pozos de agua que abastecen las instalaciones mineras.
Con respecto a las peticiones realizadas por los ex trabajadores de la sección 65, queremos señalar que no tienen que ver con las realizadas por los pobladores de las regiones afectadas, cabe señalar que desde el 2009, los Tribunales en Materia de Trabajo, dieron por concluidas las relaciones laborales entre la mina y los mineros antes mencionados.
Agencias
