El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que regula las competencias que tienen las autoridades mineras y ambientales con respecto al ordenamiento minero.
La demanda fue presentada por la Contraloría General de la República, argumentando que el decreto viola las facultades que la Constitución y la ley le confieren a los municipios y distritos para que, de manera autónoma, reglamenten el uso del suelo y controlen y vigilen las actividades mineras en sus jurisdicciones. Además, señaló que no fueron consultadas las comunidades étnicas para su expedición.
Con ponencia del magistrado Hernán Andrade, la sección tercera le da la razón a la Contraloría al señalar que el decreto vulnera el principio de autonomía territorial.
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