Las concesiones mineras ocupan la quinta parte del territorio nacional según registros hasta mayo de 2014, cuando hace siete años la proporción era de sólo 6 por ciento, informó hoy la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
De acuerdo con el estudio” Concesiones mineras en el Perú: Análisis y propuesta de política”, realizado por esta organización no gubernamental (ONG), las regiones de Arequipa (sur), Puno (altiplano), Áncash (noroeste) y Lima (centro-oeste) son las que tienen mayor proporción de territorio ocupado por concesiones mineras.
Departamentos como Arequipa y Moquegua ocupan más de la mitad de su territorio concesionado, incluso en algunas provincias la ocupación alcanza 90 por ciento de su territorio concesionado, lo cual es contraproducente.
En la provincia de Chumbivilca, departamento de Cusco (sur), el 80 por ciento esta concesionado”, alertó la ONG DAR.
Esto significa que la única actividad productiva para esas zonas es la minería, lo cual provoca malestar, preocupación y desconfianza entre su población, que toma medidas de fuerza como el bloqueo de carreteras en protesta por la situación.
Los habitantes en estas zonas de conflicto demandan una pausa en el proceso para otorgar concesiones mineras, luego de 20 años desde su implementación.
“El sistema ha tenido éxito, ya que las inversiones vinieron, aumentaron la producción minera, aumentaron los ingresos fiscales (…) pero ese proceso de crecimiento está asociado al aumento de conflictividad”, al afectar los derechos de las comunidades campesinas en la sierra y las indígenas, en la selva, acotaron.
También consideró indispensable mejorar la participación ciudadana y el acceso a la información.
“El mecanismo actual (de concesiones mineras) lo único que exige al demandante (de la concesión) es que ésta se publique en el diario de circulación nacional o en el diario del departamento; como comprenderán esa información no llega a las comunidades campesinas”, alegó.
La ONG también recomendó al Estado hacer un mayor esfuerzo para que las comunidades, cuyo territorio se está demandando para una concesión, sean informadas adecuadamente y en las lenguas originarias, como quechua y aymara.
Otra recomendación es aumentar las causales de caducidad de las concesiones mineras ya que, el sistema es demasiado permisivo y flexible.
De acuerdo a la norma, el demandante de la concesión tiene siete años para empezar a producir una cantidad mínima de mineral, de lo contrario paga una multa, si no es así la concesión puede revertir al Estado.
Según las estadísticas de la ONG DAR, de las 25 millones de hectáreas concesionadas, sólo se utiliza entre 5 y 6 por ciento en exploración y explotación minera, en el resto no hay actividad.
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