En Chile existen distintos estadios de desarrollo minero. Por una parte, tenemos a las empresas de la gran minería, principales fuentes de riqueza del país, que representan el 90% del total extraído, intensiva en capital y con altos niveles de tecnología, productividad, inversión y salarios per cápita.
Por otro lado, se encuentran 21 empresas clasificadas como mediana minería. Sus principales problemas radican en la comercialización de sus productos y el financiamiento de su actividad, la que depende básicamente de Enami, entidad que les asegura la compra de su producción y asistencia minera.
En ambos grupos de empresas se ha centrado el análisis sobre la real sustentabilidad de todo el sector minero nacional, focalizando la discusión en los pasivos mineros, preferentemente aquellos ubicados en zonas aledañas a las ciudades. Añadiéndose los impactos sobre la calidad del recurso agua y su disponibilidad para otros usos humanos y económicos, especialmente relevante dentro del actual escenario de cambio climático.
Hay un tercer grupo de empresas, clasificadas dentro de la minería de pequeña escala, que está lejos de estos mundos desarrollados y lucrativos, que presentan importantes brechas de incumplimiento normativo. Se concentran fundamentalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, donde cumplen un rol fundamental en la existencia y permanencia de una serie de poblados ligados históricamente a la extracción minera.
Los pequeños mineros son un sector heterogéneo, con una fuerza laboral en un rango que va desde las tres hasta las siete personas por faena. Se caracterizan por su bajo nivel de reservas demostradas, mínimo capital de trabajo, carencia de crédito en la banca y deficiente capacidad de gestión, lo que se traduce en que los jóvenes no continúen con la tradición minera de sus padres con el riesgo de perderse en un futuro no lejano gran parte de la riqueza cultural que dio origen a este país y a la gran minería del cobre.
En vista de este escenario, es necesario avanzar en políticas de desarrollo sustentable de la pequeña minería que recojan todas las particularidades del sector, las que son muy distintas a las empresas de mayor tamaño, a fin de permitir que esta cultura centenaria se mantenga en el tiempo.
En tal sentido, el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), institución dependiente del Ministerio de Economía, ha desarrollado desde fines del año 2006 una serie de Acuerdos de Producción Limpia (APL), entre los que se destacan los últimos firmados en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, con el fin de mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en este sector de los pequeños mineros.
Un APL es un instrumento voluntario de gestión productiva y ambiental que busca aumentar la eficiencia y competitividad de las empresas chilenas, a través de estándares superiores a los exigidos por la ley tales como la incorporación de medidas de eficiencia energética, gestión de residuos y menores consumos de materias primas.
Desde la perspectiva de este instrumento, el concepto de desarrollo sustentable se aplica en todas sus dimensiones de modo de lograr el equilibrio en las interacciones de los sistemas social, ambiental y económico.
En el caso de la pequeña minería, el CPL ha aplicado una política de mejoramiento gradual, fomentado importantes avances en el cambio de las condiciones de seguridad y habitabilidad de los trabajadores, lo que ha implicado grandes cambios culturales en los empresarios y trabajadores.
A través de este instrumento se han generado la regularización de los suministros de agua potable y el mejoramiento de las condiciones de seguridad de los trabajadores, a través del suministro de elementos de protección personal, la mantención preventiva de sus equipos, capacitación en primeros auxilios y mejores campamentos mineros.
Finalmente, se debe destacar que todo lo anterior, no hubiera podido ser posible sin el apoyo y permanente compromiso de Enami, Minsal, Sernageomin y los respectivos gremios, aglutinados en la Sociedad Nacional de Minería.
Fuente: La Prensa Austral
