Quito.- El proyecto de Ley de Minería que debate hoy la Asamblea Nacional de Ecuador incluye un cambio de visión que no flexibiliza los permisos ambientales, sino optimiza tiempos y transparenta información, afirmó la ministra de Ambiente, Lorena Tapia.
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento con carácter de económico-urgente, establece un procedimiento más expedito, en torno al otorgamiento de los permisos que se requieren para esta actividad con la categorización de licencias mineras
La funcionaria rechazó falsas calumnias y versiones que indican la entrega de las áreas mineras será un “otorgamiento a dedo”, y aclaró que “toda las fases que van por la exploración inicial, exploración avanzada, explotación y el beneficio, necesitan licencia ambiental”.
Ecuador trabaja fuertemente, explicó, en la eliminación de mercurio. “La ley contiene también la propuesta de que una vez que entre en vigencia en un año, el mercurio debe eliminarse de forma total y esto va para los pequeños y grandes productores”, dijo la funcionaria.
Tapia expresó su satisfacción por el anuncio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) de declarar Área de Reserva de Biosfera al Macizo de El Cajas (sur andino), a pedido del Estado ecuatoriano.
El pasado 16 de mayo el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley Minera, con 32 artículos modificatorios y carácter económico urgente, lo cual implica que debe ser aprobada en 30 días antes de ingresar sin cambios por el Ministerio de la Ley.
El proyecto establece sanciones a la minería ilegal, con reglas claras, firmes y equilibradas entre infracción y sanción, así como endurece las sanciones que son cometidas por personas naturales y jurídicas beneficiarias de concesiones mineras.
Por otra parte, el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, advirtió que “si (la empresa canadiense) Kinross quiere aceptar las condiciones que le ha puesto el país está bien, sino que se vaya”, lo cual desarma tesis opositoras de que la ley beneficiaría a multinacionales.
Fuente: Prensa latina
