España.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que durante la reunión de este jueves con sindicatos y empresarios puso encima de la mesa un documento que recoge el borrador de lo que podría ser el Plan del Carbón 2013-2018.
Un documento donde el Gobierno plasma su convencimiento de que, gracias a los avances técnicos y a las inversiones realizadas con las ayudas recibidas, existe una minería del carbón que puede ser viable en el largo plazo con unas rentabilidades adecuadas.
Un mineral que es el único recurso energético de origen fósil de España, lo que refuerza su carácter estratégico entre las fuentes de energía primaria dentro de la política energética de cualquier Gobierno, lo que le asegura, como es voluntad de este Gobierno, un papel relevante en el mix energético a futuro.
Un futuro en el que si bien el Gobierno entiende que es necesario marcar diferencias en función a las perspectivas de cada empresa y explotación minera así como establecer qué centrales térmicas tienen el compromiso de realizar las nuevas inversiones medioambientales necesarias y el volumen de producción suficiente para su rentabilización.
Contratos de suministros, condición sine qua non
De esta forma, y como novedad, el nuevo marco regulador establece que no podrán continuar más allá del 2014 aquellas empresas que no tengan contratos con térmicas de forma que tengan la “seguridad de venta de su producción que les otorga el procedimiento de restricciones”.
Estas empresas presentarán un calendario de cierre de explotaciones que permita una asignación más eficiente de los recursos escasos para trabajadores y empresa. Así, las empresas adoptarán un acuerdo firme de cierre con fecha de cese de actividad minera, cuyo incumplimiento supondría la pérdida de ayudas.
2018, fecha de cierre de la empresa
La segunda categoría que establece son las empresas que operarán más allá del 2014 pero conscientes de la dificultad de continuar más allá del 2018 sin ayudas. Así, el Gobierno establece en este documento que estas empresas para la percepción de ayudas deberán presentar una memoria económica que acredite la posibilidad de continuar su actividad hasta su cierre antes de 2018, contando con contratos de suministro con empresas eléctricas hasta ese momento.
Las empresas adoptarán un acuerdo firme de cierre, con fecha, con el compromiso de no contratación de nuevo personal hasta 2018, cuyo incumplimiento significará la eliminación de cualquier ayuda actual o futura.
De esta forma, estas empresas podrían optar a ayudas a la producción, decrecientes hasta el cierre; a costes sociales, bajas incentivadas mucho menores que al grupo anterior. Impulso de empleos alternativos: subvenciones a las empresas contratantes; de formación para los empleos alternativos; y a la restauración sobre la base del Plan de Cierre de la empresa, menores que en el primer grupo de empresas.
Condiciones para continuar más allá del 2018
Por último, el Gobierno diferencia las empresas que seguirán operando más allá del 2018 que, según recoge el documento, tendrán que devolver las ayudas recibidas desde el 2011 y que para continuar su actividad necesitan contratos de suministro del carbón a largo plazo con empresas eléctricas.
Asimismo, con estas unidades se estudiará la adopción de medidas que ayuden a su competitividad de acuerdo con la memoria económica que presenten.
Toque de atención desde Bruselas
Un documento que será objeto de análisis de sindicatos, patronal y empresarios que si bien entienden que la prioridad actual es la de desbloquear las ayudas y exigir a las térmicas la compra de carbón nacional para que el sector recupere la normalidad con el regreso de los mineros a los tajos.
No obstante, Industria ya ha manifestado la urgencia para diseñar cuanto antes este marco regulador ante las presiones de Bruselas que incluso podría abrir un expediente al Gobierno. Un plan que el Gobierno deberá enviar a primeros del próximo mes de abril de ahí que Nadal ya haya convocado una nueva reunión para la próxima semana.
