Perú revocó el permiso de construcción del proyecto cuprífero Tía María, de Southern Copper, apenas semanas después de que la empresa había obtenido luz verde para iniciar obras. El Ministerio de Energía y Minas anuló la autorización bajo presión de comunidades agrícolas del valle de Tambo, en Arequipa, que llevan casi dos décadas resistiendo el proyecto. La inversión comprometida asciende a 1,800 millones de dólares. El cobre que produciría — 120,000 toneladas anuales — ya no figura, por ahora, en ningún plan de producción.
- La historia que se repite: Tía María y el costo político de la cobre peruana
- Lo que la revocación dice del sistema de permisos peruano
- El espejo mexicano: Buenavista del Cobre y la lección que Grupo México debería releer
- El cobre que el mundo necesita y los países que no pueden entregarlo
- ¿Qué significa esto para México como destino alternativo?
La historia que se repite: Tía María y el costo político de la cobre peruana
Tía María no es una novedad regulatoria — es una herida abierta del sistema de permisos latinoamericano. El proyecto lleva en litigio desde 2009, cuando una primera evaluación de impacto ambiental fue rechazada por la propia ONU por deficiencias técnicas. En 2015, protestas dejaron cuatro muertos y forzaron la suspensión indefinida. Southern Copper, subsidiaria de Grupo México, reactivó la apuesta en 2019 con un permiso de construcción que nunca se materializó por la inestabilidad política peruana. Ahora, en 2025, la revocación llega con un gobierno que no quiso — o no pudo — sostener el respaldo institucional.
El patrón es conocido. Un permiso se otorga. Las comunidades escalan la presión. El gobierno retrocede. Y la empresa — con miles de millones comprometidos en estudios, relaciones comunitarias e infraestructura — absorbe el golpe y espera. Ese ciclo tiene un precio que no aparece en los balances trimestrales pero sí en las decisiones de asignación de capital de los consejos de administración.
Para Southern Copper, Tía María representa una fracción de su portafolio global. La empresa opera Cuajone y Toquepala en Perú, además de Buenavista del Cobre y La Caridad en México. Su margen EBITDA supera el 50%. Puede esperar. Pero esa capacidad de espera no resuelve el problema estructural: Perú está perdiendo ventana de inversión en un momento en que la demanda de cobre para la transición energética global no admite holgura.
Lo que la revocación dice del sistema de permisos peruano
La decisión del Ministerio de Energía y Minas no fue técnica. Fue política. Los informes ambientales de Tía María habían sido revisados y aprobados bajo estándares que el propio Estado peruano validó. Lo que cambió no fue la ciencia — fue el cálculo electoral de un gobierno que enfrenta presión en regiones donde la minería y la agricultura conviven con tensión histórica.
Eso tiene consecuencias directas para la certeza jurídica del sistema concesional peruano. Si un permiso aprobado puede revocarse por presión social sin un proceso técnico que lo sustente, entonces ningún permiso es firme. Esa lógica no la leen así los analistas de riesgo — la leen así los comités de inversión en Toronto, Melbourne y Tokio antes de aprobar el siguiente ciclo de exploración.
El Fraser Institute ubicó a Perú en el lugar 54 de su índice de atractivo para la inversión minera en 2024, por debajo de Chile (38) y México (49). La revocación de Tía María difícilmente mejorará esa posición en la edición de 2025. Cada evento de este tipo alimenta la narrativa de riesgo político latinoamericano que los inversionistas institucionales usan como variable de descuento.
El espejo mexicano: Buenavista del Cobre y la lección que Grupo México debería releer
Grupo México controla Southern Copper. Y Grupo México opera en México con Buenavista del Cobre, la mina de cobre más grande de América Latina por volumen, ubicada en Cananea, Sonora. La revocación peruana no es un evento distante para los equipos de relaciones comunitarias y asuntos regulatorios de la empresa en México — es un recordatorio de lo que ocurre cuando esa gestión falla.
Buenavista tiene su propio historial de tensión social y regulatoria. El derrame de 2014 — 40,000 metros cúbicos de solución de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi — generó litigios, sanciones y una presión comunitaria que todavía no se ha resuelto completamente. PROFEPA mantiene expedientes abiertos. Las comunidades de la cuenca del Sonora siguen esperando la remediación prometida. Y SEMARNAT ha revisado en múltiples ocasiones las condicionantes ambientales del plan de expansión.
Si Grupo México no consolida su estrategia de gestión hídrica y de comunidades en Sonora antes del próximo ciclo de revisión de concesiones, Buenavista del Cobre enfrenta exactamente el mismo riesgo que materializó Tía María en Perú: un permiso revocado no por falla técnica, sino por costo político acumulado. La administración Sheinbaum ha mostrado más pragmatismo que su predecesor con el sector minero, pero ese pragmatismo tiene límites electorales.
El cobre que el mundo necesita y los países que no pueden entregarlo
La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda global de cobre alcanzará 36 millones de toneladas anuales para 2040, frente a los 26 millones actuales. Ese déficit de 10 millones de toneladas tiene nombre y apellido: son los proyectos que están en espera, en litigio o en revisión regulatoria en Chile, Perú, México, Ecuador y Congo.
Tía María sola representaba 120,000 toneladas al año — el equivalente al consumo anual de cobre de varios países europeos combinados. Cada año que el proyecto permanece paralizado es un año que ese cobre no existe en el mercado. En un contexto de precios que rondaron los 4.50 dólares por libra en el primer trimestre de 2025, esa producción ausente vale aproximadamente 1,190 millones de dólares anuales.
Chile enfrenta su propio problema: la ley de sus yacimientos cae sistemáticamente y Codelco, la estatal que domina la producción nacional, ejecuta el plan de transformación más costoso de su historia para sostener volúmenes. México, noveno productor mundial de cobre con 750,000 toneladas anuales según datos de CAMIMEX, tiene capacidad de incrementar participación — pero solo si resuelve el backlog de permisos y la conflictividad social en Sonora antes de que los capitales decidan esperar a jurisdicciones más predecibles.
¿Qué significa esto para México como destino alternativo?
Cada vez que Perú frena un proyecto de esta escala, el capital minero busca alternativas. México tiene una ventana real — pero acotada en el tiempo. La administración Sheinbaum redujo el backlog de permisos en Zacatecas de 25 a 5 expedientes pendientes en 2025 y avanza en el Plan México-EUA de Minerales Críticos firmado el 4 de febrero de 2026. Esas son señales positivas que los departamentos de análisis de riesgo en Toronto y Londres están leyendo con atención.
Pero la SCJN aún no resuelve los amparos constitucionales contra la Reforma Minera de 2023, y mientras esa incertidumbre jurídica persista, los proyectos de gran escala en México seguirán esperando un semáforo verde que puede cambiar de color con una sola resolución judicial. La exploración cayó 11.5% en 2024, según el Servicio Geológico Mexicano. Ese dato no es solo estadística — es capital que fue a otro lado.
La revocación de Tía María en Perú es una oportunidad para México. También es una advertencia. El país que logre ofrecer certeza jurídica, gestión comunitaria sólida y procesos de permiso predecibles captará una proporción significativa del capital cuprífero que Perú está expulsando. El que no lo logre mirará ese capital desde lejos — exactamente como Perú mira hoy los 1,800 millones de dólares de Southern Copper que, por ahora, no tienen destino.
