Argentina aprobó una reforma que cambia el corazón de su política ambiental en la cordillera. La Cámara de Diputados la aprobó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. El Gobierno de Javier Milei la presentó como una corrección federal y productiva. Sus detractores la leen como una flexibilización que puede abrir zonas sensibles a nuevos proyectos mineros.
La letra fina importa más que el discurso. El nuevo texto mantiene prohibiciones, pero redefine el objeto protegido. El Inventario Nacional pasa a concentrarse en glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas. Además, cada jurisdicción identifica qué áreas encajan en ese criterio y comparte esa información con el IANIGLA.
La minería no queda liberada sin límites, y ese matiz conviene subrayarlo. La prohibición sigue vigente sobre glaciares y ambientes periglaciales que la autoridad competente identifique como protegidos. Pero la reforma traslada a las provincias el punto decisivo del mapa. También establece que la omisión del IANIGLA no invalida una autorización provincial otorgada tras la evaluación ambiental.
Ese cambio mueve el centro de gravedad de la ley. Antes dominaba una lógica nacional, amplia y preventiva. Ahora gana peso la evaluación provincial caso por caso. En términos prácticos, la discusión deja de concentrarse solo en la existencia de hielo y pasa a girar alrededor de su función hídrica relevante y de la autoridad que la certifica.
La Casa Rosada defiende la reforma con un argumento claro. Sostiene que la norma devuelve competencias a las provincias y ordena la protección alrededor de funciones hídricas relevantes. La Oficina del Presidente dijo en febrero que el cambio responde a reclamos históricos de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. El discurso oficial insiste en que ambiente y desarrollo pueden convivir.
El trasfondo federal ayuda a entender el apoyo político. El proyecto cita los artículos 41 y 124 de la Constitución y subraya el dominio originario provincial sobre los recursos naturales. Para las provincias mineras, esa base jurídica corrige un esquema que consideraban demasiado centralizado. Para sus críticos, en cambio, los presupuestos mínimos ambientales no pueden fragmentarse por jurisdicción.
Ese enfoque tampoco nace en el vacío económico. Argentina busca exportaciones, divisas y empleo en un momento de fuerte presión macroeconómica. La minería aparece en esa estrategia como un sector capaz de mover inversiones grandes y proveedores locales. AP reportó que el nuevo marco podría despejar más de 30 mil millones de dólares en inversiones mineras durante la próxima década.
El cobre explica buena parte de la urgencia oficial. Reuters recuerda que Argentina no produce ese metal desde el cierre de Alumbrera en 2018. Sin embargo, el país volvió a reunir una cartera robusta de proyectos. La misma agencia estimó que ocho grandes desarrollos podrían aportar cerca de 1.2 millones de toneladas anuales.
Los números ayudan a entender el entusiasmo del Gobierno y de varias provincias. Vicuña, la alianza entre BHP y Lundin, prevé duplicar su inversión de 2025 y acercarse a 800 millones de dólares en 2026. Los Azules busca un paquete financiero total de 4 mil millones de dólares. Taca Taca estima 5.25 mil millones de dólares de inversión, 4 mil empleos en construcción y 2 mil en operación.
El litio completa la escena y refuerza la presión por acelerar decisiones. Rio Tinto consiguió 1.175 mil millones de dólares para Rincón, en Salta, dentro de un proyecto total de 2.5 mil millones. Ese desarrollo apunta a 60 mil toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. En Jujuy, Cauchari-Olaroz aspira a llegar a 85 mil toneladas anuales hacia 2029.
Con ese telón de fondo, la reforma busca algo más que un cambio jurídico. Busca recortar una de las mayores incertidumbres para la inversión andina. Desde una perspectiva editorial, ese objetivo merece atención y no un rechazo automático. Argentina necesita transformar geología en exportaciones si quiere ocupar un lugar serio en cobre y litio.
La controversia, sin embargo, tampoco es nueva. La Ley 26.639 nació en 2010 tras un debate intenso y una movilización amplia. El CONICET Córdoba recordó que la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad en 2019. Esa memoria explica por qué la reforma se discute como un cambio de paradigma y no como un ajuste menor.
El problema aparece cuando la letra minera se cruza con la seguridad hídrica. El Inventario Nacional de Glaciares registra 16,968 cuerpos de hielo permanente sobre 8,484 kilómetros cuadrados. Argentina.gob.ar y el IANIGLA subrayan que esos cuerpos regulan caudales y sostienen cuencas andinas, sobre todo en años secos. En la diagonal árida del país, ese papel no admite liviandades.
Por eso la respuesta científica fue rápida. El CONICET Córdoba alertó que la reforma no se apoya en los avances recientes sobre glaciares, permafrost y ciclo hidrológico andino. La FAUBA advirtió que trasladar la definición a autoridades provinciales expone la decisión a intereses económicos locales. Equipos de la UBA también defendieron criterios científicos unificados y una mirada nacional del agua.
El punto crítico no reside solo en la minería. Reside en quién fija el criterio técnico que define qué se protege y qué se habilita. La reforma permite que la autoridad ambiental provincial identifique las áreas con funciones hídricas y pida ajustes al inventario. Esa mudanza institucional explica buena parte del rechazo académico y jurídico.
La calle tampoco quedó al margen. Miles de manifestantes se reunieron frente al Congreso durante la votación final. Reuters reportó choques aislados y críticas opositoras por la baja participación de voces contrarias en las audiencias. AP añadió que Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales ya preparan acciones judiciales.
Ese frente puede redefinir el alcance real de la ley. La reforma nace con votos suficientes, pero sin paz regulatoria. Si las cortes suspenden autorizaciones o exigen criterios uniformes, la mayor velocidad prometida puede evaporarse. En ese punto, la inversión volverá a medir no solo geología, sino también conflicto social y riesgo jurídico.
Aquí conviene separar dos debates que suelen mezclarse. Uno trata sobre la necesidad de producir minerales críticos. El otro trata sobre la calidad de las reglas que ordenan esa producción. La minería moderna puede crear empleo, divisas y proveedores locales, pero necesita controles confiables para sostener su licencia social y evitar judicializaciones eternas.
La nueva ley no autoriza una avanzada ciega sobre glaciares inventariados. Sigue prohibiendo actividades que alteren de modo relevante glaciares y ambientes periglaciales identificados como protegidos. Sin embargo, sí reduce el umbral de protección automática y vuelve más política la delimitación del riesgo. Esa es la verdadera magnitud del cambio que aprobó el Congreso.
El gobierno consiguió una victoria legislativa importante. La industria minera celebrará un marco que considera más claro y más cercano al federalismo económico. Pero la discusión de fondo recién empieza en las provincias, en las evaluaciones ambientales y en los tribunales. Para Argentina, la pregunta ya no es solo cuánto mineral puede extraer, sino con qué legitimidad podrá hacerlo.
