La estatal venezolana Minerven firmó un contrato para vender entre 650 y 1.000 kilogramos de oro doré a la comercializadora Trafigura, con destino final en el mercado estadounidense, según Axios. Reuters confirmó la existencia del acuerdo y su rango de volúmenes.
El reporte ubica la operación en una arquitectura inusual para el comercio de metales. Trafigura canalizaría el embarque hacia refinerías de Estados Unidos mediante un arreglo separado con el gobierno estadounidense, de acuerdo con las fuentes citadas por Axios. El mismo reporte afirma que el contrato exige un contenido final de 98% de oro.
Axios atribuye un papel clave al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien habría ayudado a encauzar el contrato durante su visita a Caracas. Reuters también señaló esa participación. La nota de Axios agrega que Burgum llegó el miércoles para conversar sobre oportunidades de petróleo y minerales.
El acuerdo del oro aparece en paralelo a una ofensiva política y empresarial más amplia. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que presentará “en los próximos días” una reforma a la ley minera para atraer inversión extranjera. Reuters reportó que la reforma buscaría abrir espacio a empresas foráneas en oro, diamantes y tierras raras.
Burgum llegó acompañado por representantes de más de dos docenas de compañías mineras y de minerales, según Reuters. El funcionario habló de un potencial de miles de empleos bien pagados y de inversiones por miles de millones de dólares. AP describió la visita como parte de la estrategia de Washington para asegurar minerales críticos, en un contexto de rivalidad con China.
El gobierno venezolano pone sobre la mesa una cartera minera ambiciosa, pero el terreno técnico todavía muestra huecos. Reuters advirtió que Venezuela no ha confirmado reservas de tierras raras mediante exploración, pese a que el tema ya entró en el discurso oficial. El mismo reporte recordó que la legislación minera vigente data de 1999.
En ese contexto, el pacto con Trafigura opera como señal de “apertura con condiciones”. Trafigura se presenta como un proveedor global de commodities que conecta productores y consumidores de minerales, metales y energía, con redes logísticas propias. Esa capacidad logística suele pesar tanto como el precio, cuando el metal requiere rutas seguras y refinación certificada.
Minerven no llega a esta negociación con hoja en blanco. En 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Minerven y a su entonces presidente, y describió a la empresa como el “procesador estatal” de oro en Venezuela. Ese comunicado ubicó a Minerven en El Callao, estado Bolívar, y detalló su rol en la compra y fundición de oro en barras.
Esa historia explica por qué el diseño del acuerdo importa tanto como el volumen. Axios sostiene que Trafigura moverá el doré a refinerías estadounidenses bajo un arreglo con el gobierno de Estados Unidos. El reporte, sin embargo, no detalla qué autorizaciones o licencias sostienen la operación ni qué exigencias de cumplimiento impondrán los compradores finales.
El producto en juego también merece precisión. Una barra doré suele salir de la etapa inicial de fundición y todavía contiene impurezas, a menudo plata, antes de su refinación final. Por eso, el dato del 98% que cita Axios resulta relevante, porque ubica el contrato en un estándar de alta ley para un doré.
En dinero, la historia se vuelve más clara. Axios estimó el precio de un kilogramo de oro puro en alrededor de 166.000 dólares. Con esa referencia, el rango del contrato ronda unos 107,9 millones de dólares para 650 kg y hasta 166 millones para 1.000 kg, aunque el precio varía día a día.
En el mercado global, una tonelada no mueve el tablero por sí sola. El World Gold Council estimó que la producción minera mundial de oro marcó un récord de 3.672 toneladas en 2025. Así, el máximo del contrato representa cerca de 0,03% de esa producción anual, pero para Caracas puede significar caja rápida y visible.
El punto crítico no se limita al volumen ni al precio, sino a la trazabilidad. La OCDE ha advertido que el oro resulta un vehículo atractivo para finanzas ilícitas por su alto valor y portabilidad, y ha documentado desafíos serios de debida diligencia en flujos vinculados a Venezuela. Si el metal entra a refinerías estadounidenses, esas refinerías suelen exigir cadenas de custodia y controles reforzados.
Aquí aparece el lado donde la minería formal puede aportar valor público, si el Estado la gestiona con reglas claras. Una ruta legal y auditada reduce incentivos para contrabando, mejora la recaudación y acota espacios de intermediación opaca. Incluso Axios citó a una fuente que sostuvo que estos acuerdos hoy benefician más a Venezuela por el acceso a mercados y a un sistema financiero estable.
Pero el riesgo social y ambiental no desaparece por decreto. El Tesoro estadounidense, en su sanción de 2019, vinculó el auge del oro venezolano con daños ambientales, uso de mercurio y afectaciones a comunidades, además de violencia en zonas mineras. La minería responsable exige control estatal real, estándares operativos y vigilancia independiente, no solo un contrato de exportación.
La reforma legal anunciada por Rodríguez ofrece una ventana para ordenar el sector, si el texto aterriza en reglas ejecutables. Reuters indicó que el gobierno busca replicar en minería modelos “exitosos” que aplicó en hidrocarburos para atraer inversión. El reto consiste en equilibrar apertura con soberanía fiscal, permisos ambientales estrictos y beneficios verificables para regiones mineras.
Desde América Latina, el mensaje también llega a México y a otros productores regionales. Washington ya no habla solo de petróleo; ahora habla de minerales críticos y de cadenas de suministro cercanas. Si Estados Unidos endurece exigencias de origen para el oro que refina, los países con industria formal ganan una ventaja comparativa, siempre que sostengan estándares y transparencia.
