Perú dio un paso relevante para uno de los proyectos cupríferos más ambiciosos de su cartera minera. El Senace aprobó el Estudio de Impacto Ambiental detallado de Trapiche, en Apurímac, con una inversión estimada de US$3,400 millones. La decisión coloca a Buenaventura ante una nueva fase de trabajo técnico, regulatorio y territorial. También devuelve a Trapiche al centro de la conversación minera peruana, ahora con un aval ambiental que el mercado esperaba desde hace meses.
La resolución no llegó como un mero trámite administrativo. El Senace sostuvo que la evaluación fue rigurosa y transparente. Además, señaló que el proyecto cumplió con los requisitos técnicos y legales que exige la normativa ambiental vigente. Ese punto importa mucho. En un país donde varios proyectos se frenan entre observaciones, tiempos muertos y tensiones territoriales, conseguir un EIA-d aprobado sigue siendo una señal de madurez técnica y de avance real.
Ahora bien, conviene bajar el entusiasmo a terreno firme. La aprobación del EIA-d no autoriza el inicio de operaciones. Tampoco modifica derechos sobre terrenos superficiales. El propio Senace recordó que Trapiche aún necesita otras licencias, autorizaciones y títulos habilitantes. Reuters añadió que entre esos permisos figura la licencia de construcción. En otras palabras, el proyecto avanzó de forma importante, pero todavía no cruza la meta regulatoria que abre la puerta a la extracción.
Ese matiz resulta clave para entender el verdadero alcance de la noticia. ¿Qué cambia hoy, entonces? Cambia la calidad del proyecto ante el Estado, ante los inversionistas y ante la cadena de proveedores. Un EIA-d aprobado no garantiza producción inmediata, pero sí reduce incertidumbre en una etapa crítica. También permite ordenar mejor la siguiente secuencia de permisos, infraestructura y gestión social. Para una empresa como Buenaventura, que busca reforzar su exposición al cobre, ese avance tiene un peso estratégico evidente.
Trapiche no es un activo menor. La memoria anual 2025 de Buenaventura lo describe como un pórfido de cobre y molibdeno ubicado en el margen suroeste del cinturón Andahuaylas-Yauri, en la provincia de Antabamba. La empresa reportó reservas por 283.2 millones de toneladas con 0.51% de cobre, equivalentes a 1.4 millones de toneladas de cobre lixiviable. Además, informó recursos excluyentes por 653.8 millones de toneladas con 0.32% de cobre, equivalentes a 2.1 millones de toneladas de cobre flotable. Son cifras que explican por qué Trapiche aparece como una apuesta de gran escala y de largo aliento.
Los avances corporativos de 2025 muestran, además, que Buenaventura no estaba esperando inmóvil. La compañía reportó pruebas de variabilidad concluidas en laboratorio, la ingeniería de detalle de la vía Mollocco-Chunchumayo y un 91% de avance en tierras para la línea de transmisión. También informó acuerdos con cinco de siete comunidades para ese componente eléctrico. En paralelo, su brazo energético Conenhua completó gestión social y negociaciones con cinco comunidades para la línea de transmisión Cotaruse-Trapiche, aunque aún quedaban pendientes San Miguel de Mestizas y Mollebamba. Esa combinación revela algo importante: el cuello de botella ya no era solo geológico. Era regulatorio, territorial e infraestructural.
A mi juicio, ahí está el dato más relevante de esta aprobación. Trapiche no vale solo por el cobre que guarda. Vale por la posibilidad de diversificar el perfil productivo de Buenaventura. La empresa mantiene una presencia histórica en oro y plata, pero también participa con 19.58% en Cerro Verde, uno de los mayores complejos cupríferos del país y operado por Freeport-McMoRan. Si Trapiche logra completar su ruta de permisos y construcción, Buenaventura tendría un activo propio de cobre con escala suficiente para reposicionarse con más fuerza en el metal rojo.
Ese giro no ocurre en cualquier mercado. El Ministerio de Energía y Minas, citado por Andina, sostuvo en febrero de 2025 que Perú ocupaba el tercer lugar mundial en producción de cobre, según el Mineral Commodity Summary 2025. Reuters repitió ese mismo estatus en su nota de este miércoles. En paralelo, Andina reportó que Apurímac escaló al segundo puesto nacional en inversión minera durante el primer trimestre de 2025, con US$124 millones y un crecimiento interanual de 55.5%. Visto así, Trapiche encaja en una región que ya respira minería a gran escala y en un país que necesita nuevas etapas de desarrollo para sostener su peso cuprífero.
También hay una lectura institucional que no conviene pasar por alto. El Senace destacó que el proceso recibió opiniones técnicas favorables de la ANA, Serfor, Sernanp, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Cultura. Ese respaldo interinstitucional no elimina el debate social, pero sí fortalece la solidez formal del expediente. En el Perú minero, donde cada vacío técnico suele convertirse después en un conflicto político, llegar a esta etapa con ese paquete de opiniones favorables mejora la defensa pública del proyecto.
Nada de esto significa que el camino quedó libre de riesgos. Trapiche todavía debe probar que puede traducir su expediente aprobado en acuerdos estables, infraestructura oportuna y tiempos regulatorios razonables. La propia memoria de Buenaventura mostraba que la compañía seguía revisando componentes asociados a lixiviación para no bloquear un eventual desarrollo de sulfuros primarios. Ese dato sugiere que el diseño final todavía busca maximizar valor y flexibilidad metalúrgica. Cuando un proyecto de esta escala sigue afinando su arquitectura, los calendarios suelen moverse con cuidado.
Por eso no sorprende que el arranque productivo permanezca en el largo plazo. Reuters recordó que ejecutivos de Buenaventura ya habían señalado que Trapiche debería operar después de 2030. La memoria anual de la empresa, al cierre de 2025, aún esperaba la aprobación del EIA-d y fijaba para 2026 la compra de terrenos para la línea de transmisión y trabajos adicionales de campo. Esa secuencia confirma que el proyecto avanzará por etapas, no por sobresaltos. Y eso, en minería grande, suele ser una mejor noticia que cualquier promesa apurada.
Desde una perspectiva editorial, la aprobación de Trapiche merece atención porque combina tres señales que hoy pesan en el negocio minero peruano. Primero, confirma que todavía es posible destrabar proyectos grandes con expediente técnico sólido. Segundo, refuerza la idea de que Apurímac seguirá como eje de inversión minera. Tercero, muestra a Buenaventura en una ruta más decidida hacia el cobre. En un país que necesita inversión formal, infraestructura y mayores ingresos regionales, proyectos así pueden aportar mucho. Pero ese aporte solo se vuelve tangible cuando la licencia ambiental se transforma en ejecución responsable, diálogo eficaz y obras concretas en territorio.
