Chile dio este 26 de marzo un paso decisivo para ordenar el uso de agua de mar en un país que ya no puede tratar la desalinización como una solución marginal. El Senado respaldó las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputadas y Diputados y dejó el proyecto en condiciones de convertirse en ley. La señal política importa porque el texto cierra una discusión abierta desde 2018 y entrega un marco sectorial que hasta ahora no existía.
La nueva norma no se limita a autorizar plantas. El proyecto busca regular el desarrollo sostenible de iniciativas de desalinización, mejorar la seguridad hídrica, reforzar la adaptación al cambio climático y resguardar la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros. También crea una Estrategia Nacional de Desalinización, que deberá orientar el despliegue de esta infraestructura bajo criterios públicos y no solo por la lógica de cada proyecto aislado.
Ese punto cambia el tablero. Chile ya había visto crecer la desalación, pero lo había hecho con normas dispersas y con permisos que avanzaban por carriles distintos. El propio historial legislativo del proyecto reconoce ese vacío. Durante años, la industria, las ciudades costeras y el Estado empujaron plantas y ductos sin una ley sectorial específica. El resultado fue una expansión real, pero con un marco fragmentado y con demasiadas zonas grises.
La ley intenta corregir esa dispersión con una arquitectura más clara. Crea una concesión marítima especial para la desalinización y entrega a la Dirección General de Aguas un informe técnico vinculante sobre la factibilidad del proyecto. Ese diseño busca ordenar la evaluación hídrica, territorial y de uso público del borde costero. También aborda un problema práctico que pesa mucho en la inversión: las servidumbres para tender ductos y acueductos tierra adentro.
No se trata de un detalle menor. En la discusión parlamentaria se citó el caso de un proyecto tipo que podía tardar 11 años y 7 meses en reunir permisos y quedar listo para producir agua. Ese dato ayuda a entender por qué la desalinización avanzó más lento de lo que la escasez hídrica exigía. La nueva ley no resolverá por sí sola todos los retrasos, pero sí entrega una base regulatoria que puede reducir la incertidumbre y ordenar la coordinación entre autoridades.
El proyecto tampoco deja el componente ambiental en un segundo plano. Por el contrario, modifica la legislación para incorporar una nueva tipología de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para plantas desalinizadoras de magnitud industrial y para la extracción intensiva de agua de mar. Además, mantiene la compatibilidad con la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas cuando las obras toquen zonas terrestres o marinas bajo protección oficial.
Otro elemento relevante aparece en la definición del interés público. El texto prioriza el consumo humano y el saneamiento, junto con el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros. La Dirección General de Aguas podrá exigir, cuando corresponda, un aporte de hasta 5% de la capacidad de producción para consumo humano o saneamiento en proyectos cuya finalidad principal no sea abastecer esos usos. El mensaje es claro: la desalación no puede crecer de espaldas a las necesidades de las comunidades.
Ese equilibrio resulta central en el norte chileno. La minería del cobre opera en regiones con fuerte estrés hídrico y con una presión creciente sobre fuentes continentales. Cochilco proyecta que el consumo total de agua del sector subirá de 18.5 m³/s en 2024 a 20.6 m³/s en 2034. Sin embargo, el dato más revelador no es el volumen total. El cambio de fondo está en la fuente de abastecimiento: el agua de mar pasará de 40.7% a 67.6% del consumo total de la minería del cobre hacia 2034.
Desde esa perspectiva, la ley llega a tiempo. La minería ya empujó buena parte de la curva de aprendizaje del país en desalación. ACADES reportó que Chile opera 32 plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar, con más de 50 proyectos en carpeta y una inversión superior a US$24,000 millones. La misma asociación señaló que 85% de la capacidad instalada de desalación abastece hoy a la minería del cobre. Ese dato explica por qué el sector minero aparece en el centro de esta discusión.
Conviene decirlo sin rodeos: aquí la minería no solo demanda agua, también ha financiado infraestructura que luego amplía opciones para otros usos. En la práctica chilena, la inversión minera aceleró plantas, ductos, bombeo y soluciones que hoy ayudan a liberar presión sobre ríos y acuíferos. Cochilco incluso subraya que el avance del agua de mar responde a la necesidad de reducir la presión sobre fuentes continentales, sobre todo en las regiones del norte, donde se concentra la producción cuprífera. Esa contribución no elimina tensiones ambientales, pero sí coloca a la industria dentro de la solución.
La experiencia reciente en consumo urbano muestra que ese modelo puede escalar. En marzo de 2025, el gobierno chileno informó que Antofagasta y Mejillones pasarían a abastecerse 100% con agua proveniente del mar, tras la ampliación de la planta Norte. No es un dato menor. Antofagasta es una capital minera y una referencia concreta de cómo la desalación puede dejar de ser un respaldo y convertirse en columna vertebral del suministro. La ley aprobada ahora intenta dar marco a ese salto.
El movimiento también dialoga con otra discusión estratégica. Chile no solo necesita más agua para el cobre. También enfrenta nuevas exigencias en litio, infraestructura, energía y consumo urbano. Esta misma semana, Albemarle inició la evaluación ambiental en Chile para su primer proyecto con extracción directa de litio, diseñado para recuperar casi el doble del mineral y reducir la extracción de salmuera frente a la operación actual. Esa clase de proyectos confirma que el debate hídrico ya no separa minería, tecnología y licencia social. Los tres temas avanzan juntos.
La lectura de fondo resulta bastante nítida. Chile entendió que no puede discutir seguridad hídrica y desarrollo minero por separado. Necesita reglas para ambos frentes al mismo tiempo. La ley de desalinización no borra los desafíos de costos, energía, salmuera, trazados ni aceptación territorial. Pero sí crea un piso institucional más sólido para decidir dónde invertir, cómo evaluar y bajo qué prioridades repartir beneficios y cargas. En un país donde el agua condiciona producción, ciudades y biodiversidad, ese piso ya era urgente.
Para la minería, el mensaje también es directo. El Estado chileno no está cerrando la puerta a la expansión. Está pidiendo que esa expansión opere con más reglas, más coordinación y mayor coherencia territorial. Eso puede elevar exigencias, pero también puede mejorar certezas. Y en proyectos intensivos en capital, la certeza vale tanto como el recurso. Por eso esta aprobación no solo tiene peso legislativo. Tiene implicaciones concretas para la cartera minera, la infraestructura hídrica y la competitividad del norte chileno.
