Chile entra en semanas decisivas. José Antonio Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, tras ganar el balotaje de diciembre. La transición ya colocó a la minería en el centro del debate económico. No sorprende. El cobre y el litio sostienen ingresos fiscales, empleo y exportaciones, justo cuando el mundo compite por minerales estratégicos.
El nuevo ciclo político llega con señales nítidas. Kast armó un gabinete con énfasis pro mercado y nombró a Daniel Mas al frente de Minería. El diseño incluye una particularidad que inquieta al propio sector. Mas también encabezará Economía, con una cartera ampliada. El Ejecutivo busca coordinación y velocidad. La industria teme perder foco en un rubro que exige conducción técnica diaria.
La minería, otra vez, aparece como termómetro de gobernabilidad. En 2024, Chile produjo 5,506 millones de toneladas métricas de cobre de mina. Esa cifra equivalió a 24.1% de la producción mundial, según cifras compiladas por la Biblioteca del Congreso con base en Cochilco. El mismo informe ubica al cobre entre 45% y 56% del total de exportaciones chilenas, según el año y la forma de embarque. Cuando un país depende así de un sector, cada ajuste regulatorio pesa como decisión de Estado.
Permisos: el cuello de botella que nadie quiere heredar
En Chile, la discusión minera suele empezar con la misma palabra: permisos. El Congreso aprobó en julio de 2025 una ley para acelerar la tramitación de proyectos de inversión. El gobierno defendió un recorte de tiempos de entre 30% y 70% sin rebajar estándares regulatorios. La administración también empujó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, con el mismo rango de reducción y la promesa de más certeza para invertir.
El desafío para Kast no consiste solo en “prometer agilización”. Debe volver operativa la reforma, coordinar servicios públicos y reducir la discrecionalidad que alimenta judicialización. Esa ejecución define si Chile captura capital en el momento correcto del ciclo de cobre y minerales para baterías. ¿La clave? Convertir la rapidez en un activo institucional, no en una excepción política.
En este punto, mi valoración es clara. Chile necesita tiempos predecibles, pero también necesita decisiones robustas. La estabilidad no nace de atajos. Nace de expedientes completos, participación temprana y autoridades con capacidad técnica. Si el nuevo gobierno confunde velocidad con relajamiento, regalará el argumento a sus críticos y encarecerá la licencia social.
Royalty minero: la prueba de estabilidad tributaria
El otro tema sensible se llama royalty. La ley entró en vigor en enero de 2024 y cambió el esquema para la gran minería del cobre. El régimen considera un componente ad valorem de 1% para operadores con ventas mayoritariamente de cobre y producción superior a 50,000 toneladas de cobre fino, más una carga adicional sobre el ingreso operacional minero ajustado, con bandas que pueden llegar a 26%.
Con ese marco, el nuevo gobierno enfrenta una disyuntiva política. Puede buscar ajustes para incentivar inversión y exploración. También puede optar por “congelar” el tema para recuperar confianza. La industria suele pedir certidumbre antes que regalos fiscales. En un país con alta exposición al cobre, la señal más potente no siempre es bajar tasas. A veces, la señal consiste en no reabrir cada cuatro años la discusión base.
Aquí conviene separar ruido de realidad. La minería decide inversiones en horizontes largos. Un proyecto grande vive décadas. Si el mercado percibe que Chile cambia las reglas con cada alternancia, el costo de capital sube aunque el precio del cobre acompañe. La estabilidad tributaria funciona como infraestructura invisible.
Litio: más Estado, más escrutinio
El litio muestra el lado político de los minerales críticos. Chile mantiene un modelo donde el Estado conserva un rol central, y los acuerdos público-privados dominan el mapa. La alianza entre Codelco y SQM avanzó con aprobaciones, pero también acumuló cuestionamientos. En diciembre de 2025, la Contraloría aprobó el acuerdo con directrices y, ese mismo día, anunció una auditoría “sin precedentes” tras reclamos parlamentarios.
Este episodio deja una lección para el gobierno entrante. La transparencia ya no resulta opcional. En litio, cada contrato se lee con lupa por su impacto ambiental, por el rol de comunidades y por el valor estratégico del Salar de Atacama. El propio anuncio corporativo de la nueva empresa conjunta subrayó revisiones por más de 20 agencias y una consulta indígena liderada por Corfo. Aun así, el debate público sigue abierto.
La derecha chilena suele apostar por mayor espacio privado. Pero el tablero real combina política industrial, sensibilidad territorial y geopolítica. Kast puede intentar acelerar nuevos proyectos, aunque deberá cuidar dos frentes. Uno, la legitimidad del modelo de asociación. Otro, la sostenibilidad hídrica en salares, que concentra tensiones sociales y reputacionales.
Estrategia de Minerales Críticos: continuidad con sello propio
A finales de enero, el gobierno saliente presentó la Estrategia Nacional de Minerales Críticos. El documento nació de un proceso participativo y propone cinco pilares, con foco en diversificación, minería responsable, agregación de valor, inserción internacional y capacidades habilitantes. La Biblioteca del Congreso detalló que la estrategia identifica minerales como cobre, litio, molibdeno, renio, cobalto, tierras raras, antimonio, selenio, telurio, oro, plata, hierro, boro y yodo.
La pregunta política no es si Chile “tiene minerales”. La pregunta es qué hace con ellos. El gobierno saliente enmarcó la estrategia como plataforma de innovación y empleo calificado. Kast puede mantener esa narrativa, pero con prioridades distintas. La derecha suele hablar de competitividad, inversión y seguridad. La izquierda insiste en valor agregado, redistribución y límites ambientales. El país necesita una síntesis práctica, no un péndulo.
En mi opinión, la oportunidad real está en combinar tres cosas sin improvisación: permisos predecibles, encadenamientos productivos y estándares ambientales verificables. Chile ya compite con jurisdicciones que prometen rapidez, pero fallan en institucionalidad. Si Chile logra velocidad con reglas claras, puede diferenciarse donde más importa.
Agua, energía y licencia social
La minería chilena ya opera bajo estrés hídrico, sobre todo en el norte. Cochilco reportó que el agua recuperada y recirculada aportó 71% del consumo total en la minería del cobre, mientras el uso de agua de mar aumentó en 2024. La industria empuja desalación y transporte de agua desde la costa, aunque ese camino también demanda energía e infraestructura.
Casos emblemáticos muestran el giro. Antofagasta Minerals inauguró una desaladora para Los Pelambres y la conectó con la continuidad operativa en un contexto de sequía. Estas inversiones ayudan a reducir presión sobre fuentes continentales, pero no resuelven por sí solas los conflictos por territorio y biodiversidad. Ahí entra la licencia social, que en Chile pesa tanto como una tasa o un permiso.
Kast llega con una agenda fuerte de orden y control. Eso puede bajar riesgos logísticos si mejora seguridad en corredores y zonas productivas. Pero también puede elevar tensión si el Estado no dialoga con comunidades y gobiernos locales. La minería necesita autoridad, sí. También necesita confianza.
Geopolítica: el mundo pide minerales, pero también condiciones
La coyuntura internacional empuja el debate chileno. El 4 de febrero de 2026, Estados Unidos organizó un encuentro ministerial sobre minerales críticos y anunció nuevos marcos bilaterales con varios países. Estas plataformas buscan cadenas de suministro más resilientes y menor dependencia de un solo proveedor. Para Chile, eso abre puertas, pero también impone exigencias. Los compradores grandes piden trazabilidad, cumplimiento ambiental y estabilidad contractual.
Si el nuevo gobierno quiere atraer inversión “amiga”, debe ofrecer algo más que discursos. Debe mostrar un Estado que decide a tiempo, que fiscaliza sin arbitrariedad y que cumple lo firmado. Es la forma más directa de convertir cobre y litio en ventaja estratégica, sin caer en el error de vender solo volumen.
