Lundin Mining movió una pieza relevante en el tablero del cobre. La canadiense ingresó en Chile una solicitud de aprobación ambiental para un proyecto de US$150 millones en Caserones, su operación de cobre y molibdeno en la Región de Atacama. La compañía quiere optimizar infraestructura y asegurar continuidad operacional hasta 2039, sin modificar los niveles de producción ya autorizados ni aumentar el consumo de agua fresca.
El ingreso ocurrió el 6 de enero, a través de su filial local SCM Minera Lumina Copper, ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El expediente se revisa bajo el sistema chileno, que exige demostrar control de impactos, medidas de mitigación y cumplimiento de permisos sectoriales asociados.
El momento no resulta casual. El precio del cobre marcó récords esta semana y superó los US$13,000 por tonelada en Londres, impulsado por temores de interrupciones de suministro y señales de estrechez estructural. En paralelo, S&P Global advirtió sobre un déficit creciente que puede transformarse en un riesgo sistémico para el crecimiento si la oferta no reacciona con suficiente velocidad.
Ese contexto empuja decisiones empresariales que privilegian el “comprar antes que construir”. La industria enfrenta costos más altos, permisos más exigentes y plazos más largos para desarrollar minas nuevas, justo cuando la electrificación, las redes y los centros de datos presionan la demanda. En términos prácticos, mantener estables los activos ya operativos gana valor estratégico.
Caserones se ubica en la comuna de Tierra Amarilla, en un territorio donde la minería convive con el estrés hídrico, la fiscalización y una sensibilidad social que crece cada año. En Atacama, cada discusión sobre agua, polvo y tránsito pesa, y por eso el detalle técnico del proyecto importa tanto como el monto de inversión.
Lundin sostiene que el plan se concentra en mejoras operacionales. La empresa enfatiza que no tocará los volúmenes aprobados en el permiso original de 2010, ni elevará el consumo de agua fresca. Esa promesa busca acotar la controversia en una región donde el recurso hídrico define el pulso de la economía y la convivencia territorial.
El estudio ambiental describe obras para reforzar continuidad y resiliencia de la faena. La ingeniería considera nuevos caminos de acceso, un estanque de agua fresca y dos estanques de respaldo para ácido sulfúrico, con el objetivo de asegurar suministro en la lixiviación. También propone aumentar en 90 millones de toneladas la capacidad de lixiviación y extender operaciones en la planta de extracción por solventes y electro-obtención, clave para producir cátodos.
La lectura de fondo apunta a un objetivo simple: reducir vulnerabilidades sin reabrir el permiso desde cero. En minería, la continuidad cuesta. Una detención por falta de insumos críticos, por ejemplo, puede impactar costos unitarios, compromisos comerciales y recaudación local. Por eso, reforzar almacenamiento y accesos no suena glamoroso, pero sí decisivo.
El proyecto se integra como una fase adicional del programa de ajustes operacionales de Caserones, que ya obtuvo aprobación regulatoria el año pasado. Con eso, Lundin intenta construir un camino incremental, de mejoras sucesivas, en vez de apostar a una expansión disruptiva que eleve el riesgo regulatorio.
En producción, la compañía proyecta para este año entre 127,000 y 133,000 toneladas de cobre en Caserones, en línea con su guía. Esa cifra importa por una razón: el mercado premia a las operaciones que entregan metal de forma consistente cuando el ciclo de precios se tensiona.
La propiedad también marca el tipo de gobernanza. Lundin opera Caserones con 70% de participación, mientras JX Advanced Metals conserva el 30%. En términos industriales, ese esquema suele exigir disciplina en capex y claridad en retornos, porque dos socios miden riesgos de forma distinta.
Caserones produce concentrado y cátodos de cobre, además de concentrado de molibdeno, lo que le da diversificación metalúrgica. Aun así, el desafío estructural aparece en la geología. Las leyes de mineral en Chile tienden a bajar con el tiempo, y el propio escenario de la empresa anticipa una reducción de producción hacia 2027, si no compensa con mejoras y desarrollo de recursos.
Aquí entra una discusión incómoda, pero necesaria. La minería moderna no sólo compite por capital; compite por legitimidad. Cuando una compañía promete no aumentar agua fresca y mantener volúmenes, debe respaldarlo con trazabilidad, monitoreo y gestión de riesgos. Si lo hace bien, abre espacio para un mensaje que en México también resuena: la producción responsable puede sostener empleo y cadenas de proveeduría sin disparar huellas ambientales.
Desde la óptica económica, US$150 millones en infraestructura y continuidad significan contratos, servicios, mantenimiento y logística, con efectos directos en proveedores regionales. En zonas como Atacama, la minería sigue siendo un motor, aunque la conversación pública exija resultados verificables. Este tipo de proyectos, enfocados en eficiencia y confiabilidad, tienden a generar menos fricción que una ampliación de capacidad productiva.
La coyuntura internacional agrega presión. Reuters y medios financieros reportaron que el rally del cobre se apoya en interrupciones de suministro y en el temor a escasez, con inventarios y flujos comerciales reaccionando a escenarios de riesgo. Si ese entorno persiste, las empresas van a defender cada tonelada existente, y Caserones vale más como activo estable que como promesa futura.
Lundin, además, no oculta su ambición: quiere ubicarse entre los diez mayores productores de cobre del mundo, con una meta de 500,000 toneladas anuales de cobre y alrededor de 550,000 onzas de oro en un horizonte de tres a cinco años. Para acercarse, apuesta a expansiones tipo brownfield en Candelaria y Caserones, y a proyectos en su distrito Vicuña, en la frontera Chile–Argentina.
En mi lectura, Caserones funciona como prueba de coherencia. Si la empresa logra extender continuidad con menor incertidumbre ambiental y sin crecer consumo de agua fresca, gana credibilidad para su agenda regional. Si falla en la ejecución o en el relacionamiento, el costo no será sólo técnico: será reputacional, y eso hoy pesa casi tanto como el mineral.
También se entiende por qué Lundin aumentó exploración alrededor de Caserones y completó 18 kilómetros de perforación en 2025. La exploración cerca de infraestructura existente reduce riesgos, acelera plazos y suele mejorar retornos. En tiempos de permisos complejos, esa ventaja se vuelve oro, o mejor dicho, cobre.
En América Latina, la conversación sobre “más minería” ya no basta. La discusión real trata sobre “mejor minería”, con controles, datos públicos, eficiencia hídrica y un estándar social que no se negocia con comunicados. Caserones entrará a ese examen, ahora con un expediente ambiental que pondrá números y compromisos sobre la mesa
