Ghana ha prohibido la minería en todas sus reservas forestales. La decisión, anunciada esta semana por el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, representa un giro normativo importante destinado a contener la deforestación, proteger las fuentes de agua y reducir el impacto de la minería ilegal, que se ha expandido en gran parte del territorio nacional.
La medida entra en vigor tras un periodo constitucional de 21 días, como establece el marco legislativo ghanés. Deroga las regulaciones de 2022 que permitían la minería controlada en zonas forestales mediante autorizaciones excepcionales. Con esta nueva normativa, queda cancelada toda forma de explotación minera en áreas catalogadas como reservas, sin excepciones.
El contexto que motivó esta acción es complejo y responde a una escalada de minería artesanal y no regulada que ha venido deteriorando de forma alarmante el medio ambiente del país. Ghana, primer productor de oro en África, enfrenta una proliferación de actividades extractivas ilegales en 13 de sus 16 regiones, incluyendo zonas agrícolas estratégicas para el cultivo de cacao, como Ashanti, Occidental y Oriental. Estos territorios, además de ser parte del cinturón cacaotero, albergan importantes reservas de biodiversidad que ahora están en riesgo.
Las consecuencias de esta expansión minera han sido visibles. Comunidades rurales han reportado la pérdida de tierras agrícolas, contaminación de ríos y afectaciones severas a su calidad de vida. Las organizaciones ambientalistas también han señalado un aumento de la tala indiscriminada en áreas protegidas, muchas veces asociada a la minería ilegal. En este escenario, el Estado ghanés ha decidido reforzar el marco legal y recuperar el control de sus ecosistemas más vulnerables.
“Los bosques sanos traen lluvias, protegen nuestras granjas y son vitales para nuestras comunidades. Los ríos limpios garantizan agua potable y nuestro futuro”, afirmó el ministro interino de Medio Ambiente, Emmanuel Armah-Kofi Buah, al presentar la medida. Su declaración resume el espíritu de una política que busca restaurar el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ecológica.
La nueva normativa refuerza las herramientas del Estado para perseguir penalmente a quienes insistan en realizar actividades mineras dentro de reservas forestales. También otorga mayores facultades a las agencias de protección ambiental para intervenir en zonas en riesgo, cerrando vacíos legales que en el pasado fueron aprovechados para operar con permisos excepcionales o mediante la corrupción administrativa.
En paralelo, el gobierno mantiene esfuerzos para reorganizar el sector de la minería artesanal, una actividad económica clave para miles de ciudadanos. Desde hace meses se han impulsado programas de licenciamiento, esquemas de minería comunitaria regulada y despliegues de seguridad para frenar el comercio ilegal de oro. No obstante, los resultados han sido mixtos y la presión sobre los recursos naturales continúa siendo alta.
Las grandes empresas del sector también se han visto afectadas por la presencia de operadores informales dentro de sus concesiones. Firmas como Gold Fields, AngloGold Ashanti, Newmont y Asante Gold han incrementado sus inversiones en vigilancia, tecnologías de monitoreo aéreo y programas de relación con las comunidades para enfrentar el problema. La situación ha generado preocupaciones sobre la seguridad jurídica de las operaciones industriales y los riesgos reputacionales asociados.
Consultado por medios locales, Daryl Mensah-Bonsu, representante de la organización ambiental Da Rocha Ghana, valoró positivamente la derogación de la ley anterior, aunque advirtió que no bastará con el nuevo marco legal. “La medida representa un avance, pero no será una solución completa. Es necesario implementar un plan nacional de restauración forestal, así como fortalecer los mecanismos de fiscalización y control”, expresó.
La prohibición ha sido recibida con atención por parte de organismos internacionales y analistas del sector minero, quienes destacan su relevancia en un contexto global donde la minería sostenible se ha vuelto un imperativo. Ghana, además de su peso en el mercado aurífero, es el segundo mayor productor de cacao del mundo, y su economía depende en gran parte de la salud de sus ecosistemas agrícolas y forestales.
La tensión entre la minería y el medio ambiente no es nueva en África Occidental. Sin embargo, la decisión del gobierno ghanés podría marcar un precedente para la región si logra implementarse de forma efectiva. Los retos son múltiples: desde evitar la reubicación de operaciones ilegales hacia zonas no protegidas hasta garantizar alternativas económicas viables para las comunidades que han dependido históricamente del trabajo en zonas forestales.
A mediano plazo, se espera que la normativa tenga impactos en la producción minera del país, al limitar el acceso a ciertas zonas ricas en recursos. No obstante, la medida también podría mejorar la imagen de Ghana en los mercados internacionales, especialmente entre inversionistas que valoran prácticas sostenibles. En cualquier caso, se trata de una apuesta institucional que prioriza la protección del patrimonio natural frente a la presión extractiva.
Las próximas semanas serán clave para evaluar el alcance real de la nueva ley. La capacidad del Estado para hacer cumplir la prohibición determinará si esta será una declaración simbólica o un cambio estructural. En un país donde la minería ha sido fuente tanto de riqueza como de conflicto, la recuperación del control sobre los bosques podría marcar una inflexión histórica
