La Contraloría General de la República de Chile anunció hoy una auditoría calificada como “sin precedentes” al acuerdo de litio entre Codelco y SQM. El examen se enfocará en el proceso que dio origen a la asociación en el Salar de Atacama, pieza central de la estrategia chilena para reforzar el control estatal sobre este recurso clave.
El anuncio responde a reclamos presentados por parlamentarios que cuestionan la forma en que el Estado negoció el pacto con SQM. La decisión llega en una etapa crucial, cuando el acuerdo ya superó la mayor parte de las autorizaciones regulatorias, tanto en Chile como en el extranjero, y solo esperaba la luz verde final de la propia Contraloría.
Qué se revisará y por qué importa
La Contraloría indicó que iniciará una auditoría especial tras recibir denuncias de legisladores que dudan de la transparencia del proceso. Estos cuestionan la vía de negociación directa elegida por el gobierno en lugar de una licitación abierta y, además, la decisión de asociarse con SQM, compañía que mantiene disputas tributarias pendientes con el Servicio de Impuestos Internos.
El órgano de control también recordó que no puede pronunciarse sobre algunos puntos específicos, porque tribunales chilenos ya resolvieron materias relacionadas con el acuerdo. Aun así, la institución considera que la magnitud económica y estratégica del pacto amerita un escrutinio profundo del proceso administrativo, de los informes técnicos y de los asesoramientos externos.
En la práctica, la auditoría no suspende automáticamente el acuerdo, pero sí introduce una cuota adicional de incertidumbre. El mercado observa con atención este nuevo capítulo, porque el pacto Codelco–SQM no solo redistribuye el control del litio chileno, también envía señales sobre la forma en que el Estado gestionará futuras alianzas público-privadas en el sector.
Reacciones de Codelco, SQM y el gobierno
SQM declinó comentar el anuncio, según recogió la información inicial difundida por agencias internacionales. Codelco, en cambio, salió rápidamente a respaldar la auditoría y aseguró que colaborará “con total transparencia y profesionalismo” durante todo el proceso.
La estatal chilena sostuvo que la revisión permitirá reafirmar la integridad del acuerdo y del proceso que lo originó. También destacó el rol de Morgan Stanley, su asesor financiero, al recalcar que la banca de inversión estructuró la operación y acompañó las negociaciones con SQM, lo que –según la empresa– demuestra la robustez técnica del pacto.
Desde La Moneda, el gobierno de Gabriel Boric ha defendido el acuerdo como pieza estratégica de la Estrategia Nacional del Litio. Esa política busca aumentar la participación estatal, impulsar nuevas tecnologías de extracción menos intensivas en agua y asegurar beneficios más claros para las comunidades del norte chileno.
La auditoría, por lo tanto, se convertirá en una prueba de fuego para esa agenda. Si la Contraloría valida el proceso, el gobierno podrá defender que elevó el estándar de control público sin frenar la inversión privada. Si detecta fallas graves, la oposición tendrá argumentos para revisar no solo este acuerdo, sino el diseño completo de la política de litio.
Qué hay detrás del acuerdo Codelco–SQM
El pacto entre Codelco y SQM reconfigura la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta 2060. El acuerdo reemplaza el contrato original de SQM con la agencia estatal Corfo, que vencía en 2030, y crea una nueva sociedad operadora con mayoría estatal a partir de 2031. Codelco tendrá el control de la gestión y SQM aportará su experiencia operativa y sus instalaciones actuales.
La Comisión Chilena de Energía Nuclear ya otorgó a Codelco una cuota de extracción para el periodo 2031–2060. Esa autorización permite extraer hasta 2,5 millones de toneladas de litio metálico equivalente, cifra que podría subir a poco más de tres millones si las autoridades ambientales aprueban una expansión de la producción.
En paralelo, reguladores de competencia en Chile, la Unión Europea, Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y, más recientemente, China, aprobaron el acuerdo, algunos con condiciones de suministro. El visto bueno de la autoridad china llegó en noviembre y exigió garantizar el abastecimiento de carbonato de litio a clientes de ese país sin interrupciones injustificadas.
Corfo, por su parte, envió a la Contraloría contratos de arrendamiento revisados para el Salar de Atacama. Estos documentos fijan regalías ligadas al precio del litio, fondos para gobiernos locales e inversiones específicas para comunidades indígenas, además de requisitos ambientales reforzados sobre uso de agua y energías renovables.
En conjunto, estos elementos muestran un acuerdo complejo y altamente regulado, donde el Estado chileno busca asegurar una mayor captura de renta, más control sobre el recurso y, al mismo tiempo, condiciones competitivas que mantengan a Chile como uno de los grandes proveedores globales de litio para baterías.
Tensiones sociales y políticas en el Salar de Atacama
El anuncio de la auditoría llega en un contexto de presión creciente desde comunidades indígenas y organizaciones ambientales del norte de Chile. Grupos atacameños han presentado recursos ante tribunales para cuestionar los procesos de consulta impulsados por Corfo en torno al acuerdo Codelco–SQM, alegando falta de información, plazos insuficientes y escasa participación efectiva en las decisiones.
Estas comunidades exigen mayor poder de decisión sobre el territorio y sobre la gestión del agua en el Salar de Atacama, un ecosistema frágil que ya enfrenta estrés hídrico. La discusión no se centra solo en cuánto se extrae, sino en cómo se reparte el beneficio económico y quién controla las variables ambientales críticas.
En este escenario, la auditoría de la Contraloría puede cumplir una doble función. Por un lado, responde a las demandas de transparencia y control sobre un convenio que redistribuye miles de millones de dólares en rentas futuras. Por otro, puede convertirse en una señal hacia las comunidades y la opinión pública de que el Estado no solo impulsa la explotación del litio, sino que también revisa sus propias decisiones con lupa.
También actúa sobre la arena política. Parlamentarios críticos del acuerdo, algunos desde posiciones más estatistas y otros desde miradas más pro mercado, ven en la auditoría un espacio para reabrir el debate sobre el modelo de negocio, la participación de Codelco y los criterios para seleccionar socios privados. El resultado de la revisión influirá en futuros proyectos, desde el litio en otros salares hasta el desarrollo de cadenas de valor asociadas a baterías en territorio chileno.
Impacto para la industria del litio y una lectura desde la minería
Chile compite con Australia y otros países del “triángulo del litio” por inversiones que definirán la oferta global para la transición energética. Cada señal institucional pesa en las decisiones de las grandes mineras y de los fabricantes de baterías, que evalúan estabilidad regulatoria, tiempos de aprobación de proyectos y aceptación social.
Una auditoría de este tipo puede generar preocupación inicial entre inversionistas, por el riesgo de demoras. Sin embargo, también puede fortalecer la credibilidad del marco regulatorio chileno si el proceso se desarrolla con plazos razonables y criterios claros. En la práctica, la minería moderna necesita justamente esa combinación: reglas exigentes, pero previsibles.
Para el sector minero, el acuerdo Codelco–SQM representa una oportunidad relevante. Consolida una operación de escala mundial en el salar más productivo del planeta, bajo un esquema donde el Estado participa directamente en la renta y comparte la gestión con un operador con décadas de experiencia. Esa fórmula puede sostener inversiones de largo plazo en exploración, mejora de tecnologías de extracción y proyectos de valor agregado en el país.
También abre espacio para fortalecer estándares ambientales y sociales. Las nuevas condiciones contractuales incluyen metas más estrictas de uso de agua, compromisos de energía limpia y mecanismos de financiamiento para comunidades locales. Cuando estas obligaciones se cumplen y se fiscalizan con rigor, la minería deja de ser vista solo como extracción y comienza a reconocerse como un motor de desarrollo regional, con empleo de calidad e infraestructura para territorios históricamente postergados.
Desde esta perspectiva, la auditoría no necesariamente se opone al desarrollo del proyecto. Más bien, puede convertirse en un filtro que legitime el acuerdo ante la ciudadanía y fortalezca la posición de Chile como proveedor responsable de minerales críticos. Para que eso ocurra, el Estado debe mantener un equilibrio delicado: revisar sin paralizar, corregir sin demonizar al sector minero y escuchar a las comunidades sin promover expectativas imposibles de satisfacer.
En última instancia, el desenlace del examen de la Contraloría marcará un precedente para la minería del litio en Chile y, por extensión, para otros países que observan el modelo chileno. Si el proceso confirma la solidez del acuerdo Codelco–SQM, la industria podrá avanzar con mayor certeza. Si obliga a ajustes, el desafío consistirá en corregir el rumbo sin perder de vista un hecho central: con buena regulación y controles efectivos, la minería del litio puede aportar recursos esenciales para la transición energética global y para el desarrollo de las regiones productoras.
