El Gobierno de México evalúa modificaciones puntuales a la Ley Minera vigente, aprobada en mayo de 2023, con el fin de destrabar aspectos operativos que dificultan la actividad extractiva, sin debilitar los mecanismos de protección social ni los requisitos ambientales. Así lo confirmó Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, durante su intervención en la XXXVI Convención Internacional de Minería, realizada en Acapulco.
El funcionario dejó en claro que no se trata de una nueva reforma estructural, sino de correcciones específicas para hacer viable la operación minera. Subrayó que las modificaciones que se analizan responden a obstáculos identificados tanto por el sector privado como por las propias dependencias del Ejecutivo. “Estamos planteando una serie de cambios que permitan facilitar la operación, tanto del gobierno como de las empresas mineras, sin afectar la parte social ni la parte ambiental”, señaló Aboitiz ante representantes del sector y funcionarios estatales.
Uno de los puntos críticos bajo revisión es la exigencia de remediación ambiental en etapas de exploración, incluso cuando no se haya generado ningún daño al terreno. De acuerdo con la interpretación actual de la ley, un concesionario que decide devolver un predio tras no encontrar minerales de interés sigue obligado a presentar una remediación ambiental, aunque no haya habido intervención sustancial. Aboitiz calificó esta situación como una “paradoja jurídica”, y sostuvo que representa una carga innecesaria que podría obstaculizar la devolución de terrenos al dominio de la nación.
La medida genera incertidumbre entre los concesionarios y puede generar costos operativos injustificados. Al mismo tiempo, afecta al Estado, que no puede disponer ágilmente de terrenos cuya exploración no fue fructífera. El funcionario insistió en que estos ajustes buscan corregir ese tipo de distorsiones sin debilitar el enfoque de responsabilidad ambiental de la legislación.
Otro tema relevante es la demora en la publicación del reglamento de la Ley Minera. Aboitiz informó que el texto ya fue entregado por su unidad técnica, pero su aprobación sigue detenida en la Consejería Jurídica de la Secretaría de Economía. A pesar de que han transcurrido más de 18 meses desde la promulgación de la ley, el reglamento aún no ha sido emitido, lo que ha generado incertidumbre regulatoria entre los actores del sector.
Desde el sector empresarial, distintas cámaras y asociaciones han solicitado en múltiples ocasiones mayor claridad normativa y la agilización del marco operativo. La falta de reglamento ha impedido que diversas disposiciones de la ley se apliquen de forma efectiva, especialmente aquellas relacionadas con los procedimientos administrativos, las nuevas obligaciones contractuales y la evaluación de impacto social.
La Ley Minera de 2023, aprobada en el contexto de una amplia reforma a los marcos legales del sector extractivo, introdujo cambios sustantivos como la reducción de la duración de las concesiones, la introducción de procesos de consulta pública obligatoria, y mayores exigencias en materia de cumplimiento ambiental. Si bien estos cambios buscaban alinear la legislación mexicana con principios internacionales de sostenibilidad, en la práctica han generado cuellos de botella y han desincentivado la inversión, particularmente en etapas tempranas como la exploración.
A nivel económico, la minería representa una fuente clave de empleo, inversión y generación de divisas para el país. Estados como Sonora, Zacatecas, Durango y Chihuahua concentran una parte significativa de la producción nacional de metales como oro, plata y cobre. La posibilidad de ajustar la legislación actual para mejorar las condiciones operativas sin ceder en los estándares sociales y ambientales es vista por muchos actores como un paso necesario para mantener la competitividad del sector.
Desde una visión institucional, el gobierno federal intenta enviar una señal de apertura al diálogo con el sector minero, sin renunciar a los principios que motivaron la reforma original. Aboitiz aseguró que los ajustes no buscan regresar a un esquema de concesiones laxas, como el que predominó en sexenios anteriores, sino dotar de mayor racionalidad y proporcionalidad a las normas vigentes.
En cuanto al contexto internacional, la minería enfrenta un entorno de alta volatilidad, con precios de metales fluctuantes, presiones por la transición energética global y nuevas demandas sobre trazabilidad, cumplimiento social y certificaciones ambientales. En ese escenario, México debe contar con una legislación clara, eficiente y operativa, que permita atraer capital sin poner en riesgo el entorno ni las comunidades.
No se ha especificado un calendario para la presentación de las modificaciones, ni el formato que seguirán: si será por iniciativa del Ejecutivo o vía reglamentaria. Tampoco se han detallado los artículos que podrían cambiar. Sin embargo, el anuncio realizado en el marco de la Convención Minera representa un reconocimiento explícito por parte del Estado mexicano de que ciertos aspectos de la ley actual necesitan ajustes.
