El Ministerio Público de Chile avanza en la investigación por el colapso registrado en julio pasado en la mina El Teniente, operada por la estatal Codelco, que provocó la muerte de seis trabajadores. Este martes, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron las oficinas de la compañía para incautar documentación y registros vinculados con el trágico suceso, ocurrido en uno de los yacimientos más importantes de la industria cuprífera mundial.
La diligencia judicial forma parte de una causa penal abierta tras el accidente, con el objetivo de esclarecer si existieron omisiones, fallas técnicas o negligencias que derivaron en el colapso estructural. Codelco, que confirmó la intervención policial mediante un comunicado oficial, reiteró su disposición a colaborar plenamente con las autoridades. En su versión preliminar de los hechos, la empresa atribuye el derrumbe a un cambio geológico provocado por un fuerte sismo registrado en la zona, considerado uno de los mayores en la historia operativa de El Teniente.
El accidente ha tenido consecuencias más allá del ámbito judicial. En el plano operativo, la minera se ha visto obligada a reducir sus proyecciones de producción para el año en curso. La estimación oficial advierte una baja de 48,000 toneladas de cobre fino, con un impacto proyectado en los ingresos por aproximadamente 500 millones de dólares en EBITDA. Aunque la faena fue parcialmente reanudada en sectores no comprometidos por el derrumbe, la pérdida es significativa en el contexto de una compañía que representa cerca del 30 % de la producción nacional del metal rojo y una porción sustancial de los ingresos fiscales chilenos.
Ubicada en la Región de O’Higgins, El Teniente es la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Su historia se remonta a más de un siglo y ha sido clave en el desarrollo económico del país. La operación está considerada un símbolo de la ingeniería minera nacional, tanto por su complejidad como por sus volúmenes de producción. El colapso de julio alteró esa trayectoria al provocar el mayor número de víctimas fatales en una sola jornada en lo que va del siglo dentro de la industria minera chilena.
A raíz del accidente, se reactivaron los debates en torno a la seguridad en faenas subterráneas y los sistemas de monitoreo geotécnico. Expertos del Colegio de Ingenieros y asociaciones sindicales han solicitado revisar con mayor rigor las metodologías de prevención de riesgos, especialmente frente a escenarios geológicos variables. El comportamiento de la roca en condiciones de alta tensión, agravado por la actividad sísmica, exige protocolos técnicos de alta precisión. La Fiscalía no ha descartado ampliar la investigación a empresas contratistas y subcontratistas involucradas en la ejecución de obras en el sector siniestrado.
Las familias de los seis trabajadores fallecidos han manifestado su malestar ante la falta de respuestas concretas sobre lo que ocurrió. Algunos de ellos han solicitado que se configure el delito de homicidio culposo, en tanto se esclarecen las responsabilidades operativas. Codelco, por su parte, ha entregado apoyo económico y acompañamiento psicológico a los deudos, en el marco de un proceso que sigue en desarrollo.
El episodio ha impactado también la imagen internacional de la minera, que lidera la producción mundial de cobre y cuya estabilidad financiera es clave para los mercados globales del metal. En un momento de alta demanda debido a la transición energética y el crecimiento de industrias como la electromovilidad, cada tonelada no producida tiene efectos inmediatos en la oferta global. La incertidumbre generada por el siniestro podría incluso influir en las decisiones de inversión en proyectos estructurales en curso, como Rajo Inca o Chuquicamata Subterránea, que forman parte del plan de modernización de Codelco.
La investigación en curso deberá determinar si existieron advertencias previas al colapso o si los protocolos aplicados se ajustaban a los estándares exigidos para una faena de esa magnitud. El Ministerio de Minería y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) han señalado que reforzarán las auditorías técnicas en minas subterráneas de gran escala. La autoridad reguladora también evalúa incorporar nuevas exigencias de monitoreo sísmico en tiempo real y simulaciones de fallas estructurales para prevenir eventos de esta naturaleza.
