La administración de Donald Trump ha iniciado una revisión detallada del préstamo de $2,300 millones de dólares otorgado en 2024 a Lithium Americas Corp. para el desarrollo del yacimiento de litio Thacker Pass, en Nevada. Esta decisión, confirmada por fuentes cercanas al proceso, marca un giro relevante en la política industrial del país, al cuestionar un proyecto considerado fundamental para la seguridad energética nacional y la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles.
Thacker Pass se encuentra sobre uno de los mayores depósitos de litio en Estados Unidos y, según los planes originales, recibiría el financiamiento del Departamento de Energía (DOE) para construir una planta de procesamiento contigua. El préstamo representa la mayor asignación individual jamás emitida por la oficina de préstamos del DOE bajo su programa de energías limpias, parte del llamado “green bank” con un presupuesto global de $400 mil millones.
Durante su primer mandato, el presidente Trump mostró apoyo público a los esfuerzos para desarrollar recursos estratégicos como el litio. No obstante, en esta nueva etapa, su equipo ha ordenado revisar todos los préstamos emitidos bajo la administración Biden, y Thacker Pass figura entre los casos prioritarios. El criterio central de esta revisión apunta a la viabilidad comercial del proyecto y la posibilidad de que el litio estadounidense no sea competitivo frente a los bajos costos del mineral importado desde China.
Dentro del propio Departamento de Energía han surgido dudas sobre el futuro del proyecto. Greg Beard, asesor principal de la Oficina de Programas de Préstamos, expresó preocupación sobre la falta de compradores confirmados para el litio que produciría Thacker Pass, lo que podría comprometer el retorno esperado por los contribuyentes. Para mitigar este riesgo, el DOE ha solicitado a General Motors Co., que posee el 38% de participación en el proyecto, firmar un contrato de compra a largo plazo que garantice la salida del producto al mercado.
GM reiteró su confianza en la viabilidad del proyecto y destacó que ya ha comprometido cerca de mil millones de dólares en su desarrollo, incluidos $200 millones en cartas de crédito. En un comunicado, la automotriz señaló que Thacker Pass respalda sus objetivos de electrificación y contribuye directamente a reducir la dependencia de insumos críticos provenientes del extranjero. Desde su perspectiva, la continuidad del financiamiento es esencial para alcanzar esos fines.
Lithium Americas, por su parte, confirmó que mantiene una colaboración estrecha con las autoridades federales y con su socio industrial para acceder al primer tramo del préstamo, sin ofrecer detalles adicionales sobre los plazos de ejecución o posibles ajustes al cronograma original.
La revisión del préstamo ocurre en un momento en que Estados Unidos busca acelerar la construcción de una cadena de suministro propia para minerales críticos como el litio, el níquel y el cobalto. Estos materiales son esenciales para la producción de baterías eléctricas, la industria automotriz y los sistemas de almacenamiento de energía renovable. Frente al dominio casi absoluto de China en el refinado y comercialización de litio, la administración Biden había apostado por incentivar proyectos nacionales a través de apoyo financiero directo.
Thacker Pass simboliza esa estrategia. Más que una mina, el proyecto fue concebido como una instalación integrada que incluye la extracción, procesamiento y eventual suministro a fabricantes de baterías en territorio estadounidense. Esta visión busca acortar distancias logísticas, reducir las emisiones asociadas al transporte y fomentar empleos locales de largo plazo.
Sin embargo, los costos de producción en Nevada son considerablemente más altos que los que ofrece el mercado asiático, en parte por los estándares laborales y ambientales más estrictos en EE.UU. A esto se suma un entorno de precios internacionales en descenso, que ha afectado la rentabilidad de nuevos desarrollos y ha generado tensiones entre los inversionistas.
El DOE ha dejado claro que su objetivo no es frenar el proyecto, sino garantizar que los recursos públicos se asignen con responsabilidad y generen retornos positivos para la sociedad. Bajo esta lógica, ha reforzado sus mecanismos de evaluación y monitoreo, exigiendo mayor certidumbre comercial a los desarrolladores y transparencia en el uso del financiamiento.
El caso de Thacker Pass también se analiza en el contexto geopolítico actual. En la medida en que Estados Unidos refuerce sus capacidades internas para producir minerales estratégicos, podría disminuir su exposición a mercados controlados por potencias rivales. Esta dimensión de seguridad nacional ha sido citada tanto por demócratas como por republicanos en múltiples comparecencias ante el Congreso.
En paralelo, el desarrollo de proyectos como Thacker Pass genera debates intensos sobre sus impactos ambientales y sociales. En Nevada, comunidades indígenas y organizaciones ecologistas han manifestado preocupación por los efectos de la minería a cielo abierto en territorios ancestrales y ecosistemas sensibles. Lithium Americas ha respondido a estos cuestionamientos asegurando que opera bajo los más altos estándares de responsabilidad ambiental y ha llevado a cabo procesos de consulta y mitigación de impactos conforme a la ley.
Aunque las voces críticas no han logrado frenar el avance del proyecto, sí han influido en la percepción pública y en la necesidad de justificar cada paso con mayor rigor técnico y político.
La revisión del préstamo podría tomar semanas o meses, dependiendo del ritmo de las conversaciones entre el DOE, GM y Lithium Americas. Mientras tanto, el futuro del mayor proyecto de litio en territorio estadounidense permanece incierto, en un momento en que el país necesita con urgencia acelerar su transición energética sin perder competitividad.
La decisión final marcará un precedente importante para otros proyectos similares que buscan financiamiento federal. También enviará un mensaje claro sobre el nivel de compromiso real del gobierno con la independencia energética y la construcción de una economía basada en minerales críticos producidos bajo estándares democráticos y sostenibles.
