En los pasillos del poder de Conakri, una decisión tomó forma silenciosamente, pero su eco resonará durante décadas en la industria minera africana y global. El gobierno de Guinea, encabezado por una junta militar que busca posicionarse como actor pragmático ante los mercados internacionales, aprobó una tasa impositiva corporativa del 15 % para los ingresos generados por el corredor ferroviario y portuario del ambicioso proyecto Simandou. Esta reducción tributaria marca un punto de inflexión para la inversión en uno de los depósitos de hierro más grandes y de mayor ley no explotados del planeta.
El beneficio fiscal no se aplica directamente a la extracción del mineral, sino al sistema logístico que le dará vida: un ferrocarril de 600 kilómetros y un puerto en la costa atlántica, diseñados para mover millones de toneladas de mineral desde el corazón montañoso de Guinea hasta los mercados asiáticos y europeos. Este diseño integral, que combina infraestructura y extracción, es uno de los pilares de la estrategia de Rio Tinto y sus socios para dar viabilidad técnica, financiera y comercial al megaproyecto, valuado en 23.500 millones de dólares.
La medida fiscal tendrá una vigencia de 17 años, una ventana que brinda certidumbre a los inversionistas en un contexto global donde los riesgos geopolíticos y fiscales han elevado la cautela en el capital de largo plazo. Pasado ese periodo, la tasa se elevaría al 25 %, cifra que, aún así, representa un alivio respecto al 35 % que rige como estándar en Guinea.
En términos prácticos, este esquema coloca a Guinea en una posición más competitiva frente a países con tradición minera más consolidada. En Australia, por ejemplo, grandes mineras enfrentan una carga impositiva cercana al 30 %. Que un país africano logre articular un régimen más favorable para proyectos de infraestructura vinculados a la minería habla de una madurez creciente en su estrategia económica, más aún considerando que el Estado guineano mantiene una participación gratuita del 15 % en el consorcio responsable del corredor logístico.
La estructura del proyecto es compleja, como corresponde a una iniciativa de esta magnitud. La Compañía del TransGuineano (CTG), encargada de operar el ferrocarril y el puerto, está conformada por Rio Tinto, el consorcio chino Winning Consortium Simandou (WCS) y el propio Estado. Las operaciones extractivas se desarrollan en dos bloques separados del yacimiento: Rio Tinto lidera el desarrollo del bloque 3 junto con el grupo chino Baowu, mientras que WCS lidera el bloque 1.
Este incentivo no se puede entender sin remontarse a la historia convulsa del proyecto. Desde que se descubrió el yacimiento a finales del siglo pasado, Simandou ha estado atravesado por retrasos, disputas contractuales y cambios de gobierno. Incluso las condiciones topográficas y ecológicas han sido factores de peso: se trata de una zona montañosa y boscosa, con comunidades rurales que requieren un abordaje social cuidadoso y sostenible. El desarrollo de un ferrocarril que atraviese ese entorno no solo es un reto técnico; también es un acto de negociación constante con las realidades locales.
Lo que cambia ahora es la perspectiva. Con una carga fiscal más predecible, las empresas tienen mayor margen para calcular retornos, apalancar financiamiento y ejecutar obras sin la amenaza constante de reformas tributarias que socaven la rentabilidad del proyecto. Es una jugada pragmática del gobierno guineano: renunciar a ingresos en el corto plazo a cambio de atraer inversiones que generen empleos, tecnología y regalías sostenibles en el tiempo.
Este tipo de incentivos suele ser polémico. No falta quien acuse a los gobiernos de “regalar” recursos naturales a cambio de inversiones. Pero conviene mirar más de cerca. Los beneficios fiscales no son absolutos; están limitados a la operación del corredor logístico, lo cual garantiza que la extracción del mineral seguirá estando sujeta a tributación plena. Además, el desarrollo de infraestructura ferroviaria y portuaria tiene externalidades positivas para la economía local. En países con grandes brechas en conectividad interna, un tren de carga puede convertirse también en un motor de desarrollo rural, transporte agrícola y conexión social.
En una región como África Occidental, donde la infraestructura deficiente es uno de los mayores obstáculos al crecimiento, una inversión de esta escala es más que un negocio: es una apuesta por la integración territorial y la viabilidad económica de zonas históricamente marginadas.
No es menor el hecho de que la tasa preferencial fue revelada mediante documentos regulatorios en Singapur, donde cotizan empresas del consorcio. Esto refleja no solo transparencia financiera, sino también el grado de internacionalización del proyecto. La minería moderna opera en múltiples jurisdicciones y exige estándares globales. En este caso, la coordinación entre gobiernos, multinacionales y actores financieros ha sido clave para darle forma a un proyecto que podría modificar el equilibrio del mercado mundial del hierro.
Hoy por hoy, China depende fuertemente de las importaciones de mineral de hierro desde Australia y Brasil. Simandou ofrece una tercera vía que podría diversificar el suministro global. Para países como México, que observan de cerca el comportamiento de los commodities y las rutas comerciales, el desarrollo de nuevos polos exportadores tiene implicaciones sobre precios, logística y cadenas de valor.
Si Guinea logra consolidar este modelo, otros países africanos con potencial minero —como Níger, Malí o la propia República Democrática del Congo— podrían seguir una hoja de ruta similar. Y para empresas mexicanas de ingeniería, servicios mineros o financiamiento de infraestructura, se abren oportunidades indirectas si saben mirar hacia África con visión de futuro.
Queda, por supuesto, mucho por construir. El ferrocarril y el puerto aún están en fases preliminares de desarrollo. Hay reportes de conflictos laborales, exigencias de refinería local y tensiones sobre cumplimiento ambiental. Pero el hecho de que el gobierno haya tomado una decisión firme sobre el régimen fiscal marca un antes y un después.
Este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Exigen cálculos, negociaciones y visión. Lo cierto es que, al ofrecer una tasa del 15 % por 17 años, Guinea envía un mensaje claro: quiere atraer inversión, modernizar su economía y convertir su riqueza geológica en desarrollo real. El tiempo dirá si lo consigue, pero hoy, al menos, ha puesto los rieles.
