BHP y Lundin avanzan con la aplicación al nuevo régimen de incentivos RIGI para su proyecto Vicuna de cobre, mientras otros mineros temen quedarse fuera antes de que expire el programa. El régimen RIGI, vigente desde octubre bajo la presidencia de Javier Milei, otorga exenciones fiscales prolongadas y acceso a cortes internacionales de arbitraje para inversiones mayores a 200 millones de dólares. Este mecanismo estará operativo hasta julio de 2026, con opción a una extensión de un año.
El proyecto Vicuna, liderado por José Morea, podría anunciar su inversión esperada a inicios del próximo año y presentar la solicitud en breve para aprovechar los beneficios del régimen. La medida impulsó la confianza del sector minero argentino, al ofrecer seguridad en una economía volátil y con controles de capital restrictivos. Representa el primer gran incentivo a la minería en décadas.
En contraste, otros proyectos como Altar de Aldebaran Resources están en fase de exploración y aún no alcanzan el nivel de gasto requerido para calificar al régimen. Javier Roberto, su líder local, señaló que presentarán una evaluación económica preliminar en septiembre. Mientras tanto, el cierre previsto del régimen genera inquietud sobre cómo alcanzar el umbral antes del plazo, incluso si se extiende hasta junio de 2027.
Hasta ahora, solo dos proyectos mineros han accedido a los beneficios del régimen RIGI, ambos en el sector litio. En el caso del cobre, únicamente el proyecto Los Azules de McEwen Mining ha presentado su solicitud. La falta de precedentes en proyectos de cobre causa incertidumbre entre otras compañías que evalúan su viabilidad bajo este esquema.
La ley de protección de glaciares en Argentina también genera dudas entre los inversores, ya que buena parte de su normativa carece de certeza interpretativa. Roberto insistió en la necesidad de un decreto que defina con claridad qué zonas están permitidas, cuáles deben preservarse y qué restricciones aplican. Sin lineamientos precisos, las inversiones en zonas cercanas a glaciares enfrentan riesgos regulatorios significativos.
