La semana pasada, la junta militar de Mali asestó un nuevo golpe a la minera canadiense Barrick Gold. Helicópteros estatales aterrizaron sin previo aviso en la mina Loulo‑Gounkoto y retiraron cerca de 35 000 onzas de oro —algo más de una tonelada métrica—, con un valor estimado de US$106.4 millones al precio de cierre del viernes, en torno a US$3 349 por onza. En total, la confiscación supera los US$117 millones.
Los detalles aún se están esclareciendo. Barrick informó en su sitio web dedicado al conflicto que el metal probablemente fue retirado por el administrador provisional nombrado por el gobierno, sin identificar oficialmente a la persona o el proceso. La medida se produce días después de que el jefe de la junta, coronel Assimi Goïta, firmara una ley que le permite permanecer indefinidamente en el poder “hasta que el país esté pacificado”.
El conflicto radica en la controversia por el control de Loulo‑Gounkoto, una de las mayores minas de oro del mundo. Tras el golpe de estado de 2021, la junta impidió las exportaciones en enero, confiscaron tres toneladas de oro y suspendieron las operaciones. En junio, un tribunal trasladó la dirección de la mina a un funcionario designado por el gobierno durante seis meses. Barrick aún no tiene una notificación formal de quién es ese administrador, pero fuentes indican que Samba Touré, exfuncionario involucrado en una auditoría minera polémica, asesora al gobierno.
Ante la confiscación, Barrick inició un proceso de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el propósito de establecer un precedente legal vinculante y evitar futuras expropiaciones. El consejero delegado de la empresa, Mark Bristow, reafirmó su compromiso con Mali: “Nos enfrentamos a desafíos extraordinarios e inéditos. Nuestra posición es legalmente sólida y confiamos en la victoria definitiva. Seguimos dialogando con el gobierno y la vía del CIADI otorga la certeza jurídica y supervisión internacional necesarias”.
A pesar de la escalada, las operaciones en Loulo‑Gounkoto permanecen suspendidas desde enero. La nueva normativa abre una brecha aún mayor entre Barrick y la junta, mientras Mali atraviesa una profunda crisis política y de seguridad. Desde hace más de diez años enfrenta insurgencias islamistas que desestabilizan no solo al país sino también a Burkina Faso y Níger. La militarización del poder no ha logrado contener estos ataques, y ahora arriesga la principal fuente de ingresos y empleo en el sector minero.
La incautación de más de una tonelada de oro no solo simboliza una afrenta económica a uno de los operadores globales más influyentes, sino también una clara señal de que el régimen de Goïta no dudará en intervenir directamente en la industria extractiva para consolidar su control. El desenlace de este enfrentamiento tendrá impactos geopolíticos, financieros y sociales en un país que depende profundamente de los recursos naturales para financiar su seguridad y desarrollo.
