La disputa por el litio en la República Democrática del Congo ha escalado a niveles internacionales tras el anuncio del acuerdo preliminar entre el gobierno de Kinshasa y la empresa estadounidense KoBold Metals. La minera australiana AVZ Minerals sostiene que este nuevo pacto infringe de forma directa una orden provisional dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) en enero de 2024, la cual exigía al Estado congolés reconocer a Dathcom Mining, controlada por AVZ, como legítima titular del proyecto Manono.
El proyecto Manono, ubicado en el sur de la RDC, contiene una de las mayores reservas de litio aún no explotadas del planeta. Este mineral es esencial para la transición energética y su extracción es estratégica en el contexto global. La posición de AVZ es clara: cualquier nuevo acuerdo que ignore su derecho sobre el proyecto vulnera no solo la legalidad internacional, sino también la confianza de los inversionistas extranjeros en los marcos legales multilaterales.
El desacuerdo se originó en 2023, cuando el Ministerio de Minas de la RDC revocó la licencia a AVZ, bajo el argumento de inactividad, y otorgó los derechos a una filial de Zijin Mining, empresa de capital chino. Ante esta medida, AVZ inició un proceso arbitral internacional para defender su inversión. La respuesta del ICSID fue contundente: ordenó al gobierno proteger los derechos de la compañía australiana hasta que se resolviera el caso.
El nuevo entendimiento firmado entre KoBold y el gobierno congoleño incluye una intención de desarrollar el proyecto en la zona de Roche Dure, lo que ha sido interpretado por AVZ como una infracción directa a esa medida cautelar. La compañía argumenta que dicha acción no solo compromete el resultado del arbitraje, sino que también representa un desprecio hacia el principio de buena fe en los procedimientos internacionales.
En mayo, KoBold había suscrito un acuerdo marco que proponía comprar la participación de AVZ en Manono, contemplando una compensación cercana a los mil millones de dólares. Sin embargo, la concreción de ese acuerdo dependía del reconocimiento legal del título y de garantías que hasta ahora no se han cumplido. Por ello, AVZ considera que cualquier paso hacia el desarrollo del proyecto por parte de KoBold es prematuro y jurídicamente cuestionable.
La intervención de KoBold Metals no es menor. Esta firma, que se distingue por aplicar inteligencia artificial a la exploración minera, ha ganado relevancia mundial con el respaldo de capitales como los de Bill Gates y Jeff Bezos. Su incursión en África forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para asegurarse el control de minerales críticos, en un contexto de creciente competencia con China.
Estados Unidos ve en el Congo un aliado estratégico. El país africano no solo lidera la producción mundial de cobalto, sino que también ocupa posiciones relevantes en la oferta global de cobre, tantalio y litio. La administración estadounidense ha promovido activamente la inversión en estos recursos, como parte de su respuesta geopolítica al dominio chino en las cadenas de suministro.
AVZ, por su parte, ha reiterado su disposición al diálogo, pero bajo condiciones que garanticen el respeto a las decisiones arbitrales. La minera australiana subraya que cualquier resolución duradera debe partir del reconocimiento de su estatus legal como operador del proyecto. En paralelo, ha elevado su denuncia al ICSID, informando sobre lo que considera un acto de incumplimiento de las medidas cautelares por parte del Estado congolés.
La reacción del gobierno de la RDC ha sido de cautela. Hasta el momento, no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones de AVZ ni ha explicado cómo conciliará el nuevo acuerdo con KoBold con las decisiones internacionales vigentes. KoBold tampoco ha hecho comentarios públicos sobre las implicaciones legales del pacto anunciado, lo que añade incertidumbre al futuro del proyecto.
Este conflicto se desarrolla en un escenario donde los minerales estratégicos definen las nuevas dinámicas del poder económico y político. El acceso al litio es una prioridad para las potencias tecnológicas y energéticas, y el caso de Manono se convierte en un símbolo de cómo las disputas comerciales y legales pueden moldear el equilibrio global en la transición energética. La atención internacional ahora está centrada en el pronunciamiento del tribunal arbitral y en la capacidad de las partes para alcanzar una solución que respete el marco legal internacional sin sacrificar el desarrollo de uno de los yacimientos más valiosos del siglo XXI.
