Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), enfrenta una nueva exigencia pública. Un grupo de trabajadores mineros de Cananea, Sonora, pidió que solicite licencia como legislador federal hasta que finalice el conflicto legal de 55 millones de dólares.
El grupo, conocido como “Los 719 de Cananea”, entregó una carta dirigida a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. También enviaron el documento al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En la misiva, exigen que el legislador abandone temporalmente su curul por ética política y sindical.
El conflicto tiene sus raíces en la venta de la empresa Mexicana de Cananea a Grupo México. En 2005, el sindicato recibió el 5% de las acciones como compensación. Ese porcentaje debía distribuirse entre los trabajadores a través de un fideicomiso.
Sin embargo, el fideicomiso fue disuelto por instrucciones del propio Gómez Urrutia. Desde entonces, 719 trabajadores han exigido la devolución del monto, estimado en 55 millones de dólares. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha emitido cinco laudos a favor de los mineros. La Suprema Corte de Justicia ratificó recientemente uno de ellos.
Los trabajadores afirman que, aunque Gómez Urrutia no aparece como responsable solidario en el último laudo, su rol como secretario general del sindicato lo vincula directamente con el conflicto. Aseguran que su permanencia en el Congreso impide un proceso judicial libre de influencias políticas.
“Nosotros no pedimos privilegios, exigimos justicia y respeto a nuestros derechos”, afirmó uno de los voceros del grupo. Agregó que el sindicato ha usado tácticas dilatorias durante dos décadas para evitar cumplir con los laudos.
La carta señala que el caso afecta la imagen del sindicalismo en México. También subraya que mantener a un legislador involucrado en un proceso judicial tan relevante puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.
La petición cobra relevancia en el contexto de la transición política. Claudia Sheinbaum, como próxima presidenta, ha prometido fortalecer la ética pública y combatir la corrupción. Los trabajadores esperan que su gobierno marque distancia con prácticas del pasado.
Por su parte, Gómez Urrutia ha negado repetidamente las acusaciones. Sostiene que el fideicomiso fue manejado conforme a la ley. Sin embargo, no ha ofrecido un plan concreto para resarcir a los trabajadores.
El legislador cuenta con fuero constitucional. Este privilegio lo protege de acciones judiciales mientras se mantenga en funciones. Por ello, la exigencia de licencia cobra peso político y simbólico.
Analistas laborales coinciden en que el caso refleja los retos del sindicalismo moderno en México. La transparencia financiera, el respeto a los derechos individuales y la rendición de cuentas se han vuelto temas centrales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y diversas ONG han seguido el caso. Consideran que puede sentar un precedente sobre la obligación de los sindicatos de rendir cuentas a sus agremiados.
En paralelo, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo sigue procesando las medidas necesarias para hacer cumplir el último laudo. El sindicato ha interpuesto diversos recursos para retrasar el pago.
Los trabajadores planean realizar manifestaciones pacíficas en la Ciudad de México y en Sonora. También contemplan acudir a organismos internacionales de derechos humanos si no obtienen respuesta pronta.
El caso ha generado un debate sobre el papel de los legisladores que también fungen como líderes sindicales. Diversos actores sociales señalan que este doble rol puede generar conflictos de interés.
Hasta el momento, ni el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ni la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados han emitido una postura oficial. La presidenta electa tampoco ha respondido públicamente a la solicitud.
En el entorno minero, el conflicto ha dividido opiniones. Algunos trabajadores defienden a Gómez Urrutia por su lucha histórica en favor de los derechos laborales. Otros consideran que ha usado su liderazgo sindical para fines personales.
El futuro del caso dependerá en gran medida de la voluntad política del nuevo gobierno. También influirá la presión social que ejerzan los trabajadores y la cobertura que reciba el tema en los medios.
En el ámbito internacional, el caso ya ha sido citado en informes sobre corrupción sindical. Organismos como Human Rights Watch han mostrado interés en monitorear el desarrollo del litigio.
La exigencia de licencia a un legislador federal por motivos éticos no tiene precedentes recientes en México. De concretarse, podría marcar una pauta para casos similares en otros sindicatos o partidos políticos.
Para los trabajadores de Cananea, el objetivo no es sólo el dinero. Buscan justicia, transparencia y que se reconozca su derecho a una participación que les fue prometida y negada durante dos décadas.
Con información de El Economista
