En un caso que representa uno de los conflictos más significativos entre el desarrollo de recursos minerales y la defensa de los derechos indígenas en Estados Unidos, el juez federal Steven Logan anunciará el 14 de mayo si detiene temporalmente la transferencia de tierras federales en Arizona para construir una de las minas de cobre más grandes del país. La mina, que sería desarrollada por Resolution Copper —una empresa conjunta entre Rio Tinto (55%) y BHP (45%)—, se ubicaría en Oak Flat, un área que los indígenas apache consideran sagrada.
Oak Flat no solo es un sitio ceremonial; también representa un ecosistema importante dentro del Bosque Nacional Tonto y un símbolo para las luchas de soberanía indígena. Al mismo tiempo, bajo su superficie yace un tesoro mineral: más de 40 mil millones de libras de cobre, un recurso esencial para la electrificación de vehículos, infraestructura energética y defensa nacional.
Religión y recursos: un dilema constitucional
La comunidad San Carlos Apache, representada por el grupo Apache Stronghold, ha presentado múltiples demandas para evitar la entrega del terreno. Sostienen que permitir la construcción de la mina violaría su derecho constitucional a la libertad religiosa, ya que el sitio es utilizado para rituales, oraciones y ceremonias sagradas.
El Departamento de Justicia, bajo las administraciones de Biden y Trump, ha argumentado que la transferencia se basa en decisiones del Congreso de 2014, aprobadas por el entonces presidente Barack Obama. Esto refleja el complicado entramado legal y político del caso, que involucra decisiones bipartidistas tomadas hace más de una década.
El juez Logan, quien ya había fallado a favor de la transferencia en 2021, ahora revisa una solicitud para suspenderla temporalmente mientras la Corte Suprema decide si acepta el caso. El hecho de que el alto tribunal haya extendido inusualmente el periodo de deliberación —más de 13 aplazamientos— refleja la complejidad del asunto y su posible impacto constitucional.
El papel de Rio Tinto y BHP
Resolution Copper afirma que el proyecto será crucial para fortalecer la independencia minera de EE.UU., reducir la dependencia del cobre extranjero (especialmente de China) y contribuir a la transición energética. La mina usaría métodos de minería subterránea a gran escala, creando un cráter de más de 3 km de diámetro y 300 metros de profundidad, el cual engulliría Oak Flat.
Rio Tinto ha dicho que gasta más de 11 millones de dólares mensuales en el mantenimiento de la infraestructura ya instalada. La empresa también argumenta que el proyecto generará más de 3,700 empleos directos e indirectos, con beneficios económicos estimados en 1,000 millones de dólares anuales para Arizona.
Impactos ambientales y sociales
El Servicio Forestal de EE.UU. ha emitido evaluaciones ambientales que advierten sobre los efectos del proyecto: pérdida de biodiversidad, impactos en fuentes de agua subterránea y alteración del paisaje natural. Aunque se han propuesto medidas de mitigación, los opositores afirman que ninguna compensación puede sustituir la pérdida cultural y espiritual de Oak Flat.
Organizaciones ambientales, grupos religiosos y comunidades indígenas de todo el país han unido fuerzas con Apache Stronghold. En 2023, incluso se presentó una carta firmada por más de 200 líderes religiosos solicitando al presidente Biden detener el proyecto.
La geopolítica del cobre
El caso también tiene implicaciones geoestratégicas. China domina gran parte de la cadena de suministro de cobre, desde la extracción hasta el refinamiento. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda global de cobre se duplicará para 2040 debido al crecimiento de vehículos eléctricos y redes eléctricas inteligentes.
Estados Unidos importa más del 40% del cobre que consume, y la mina de Resolution podría cubrir el 25% de la demanda nacional durante décadas. Esto ha generado apoyo en sectores industriales y políticos que buscan asegurar el acceso a minerales críticos como el cobre, el litio y el cobalto.
El rol de Trump y la política minera
Durante su mandato, Donald Trump aceleró la transferencia de Oak Flat. Tras perder las elecciones, su administración emitió un reporte final de impacto ambiental, lo cual allanó el camino para que la tierra pasara a manos de Resolution Copper. Sin embargo, la administración Biden lo detuvo al poco tiempo.
Ahora, con Trump como candidato presidencial nuevamente activo, su equipo ha reiniciado el proceso con la meta de completarlo antes del 16 de junio de 2025. Este cambio ha generado preocupación entre los defensores indígenas, quienes temen que el proyecto avance sin resolverse adecuadamente en los tribunales.
¿Un caso emblemático para la Corte Suprema?
Lo que está en juego no es solo una mina o un sitio sagrado, sino la relación entre el Estado y las comunidades indígenas en torno al uso de tierras federales. Si la Corte Suprema decide escuchar el caso, podría establecer nuevos parámetros para equilibrar los derechos religiosos con los intereses económicos y energéticos del país.
El fallo del juez Logan no será definitivo, pero sí marcará un punto de inflexión. Un bloqueo temporal podría dar más tiempo para una revisión constitucional a fondo. Por el contrario, una negativa podría acelerar el proceso de desarrollo del proyecto, lo que aumentaría la tensión social y política.
Minería responsable o devastación cultural
La minería es esencial para el desarrollo sostenible y la independencia energética. Sin embargo, su ejecución debe respetar los derechos culturales, espirituales y ambientales de las comunidades locales. El caso de Oak Flat es una prueba de fuego para demostrar si EE.UU. puede equilibrar ambos intereses.
En México y otros países latinoamericanos donde la minería también genera tensiones sociales, este caso ofrece una lección: el desarrollo de minerales estratégicos no puede estar divorciado del respeto por las comunidades originarias. El camino hacia una minería moderna y ética requiere no solo tecnología, sino también voluntad política y diálogo intercultural.
