Bolivia está intensificando sus esfuerzos para explotar los mayores yacimientos de litio del mundo, preparando acuerdos con nuevos inversores para construir plantas de procesamiento a pesar de los bajos precios y la creciente oposición de legisladores y grupos de ciudadanos.
La nación andina abrió su primera planta a escala industrial a finales de 2023, construida por un grupo chino, y el año pasado firmó acuerdos para nuevas inversiones con el grupo ruso Uranium One y un consorcio chino, que están a la espera de la aprobación del Congreso.
«Con los dos nuevos contratos, planeamos alcanzar las 49,000 toneladas anuales de carbonato de litio en tres años», dijo en una entrevista Omar Alarcón, presidente de la empresa estatal de litio YLB. «Y planeamos enviar un nuevo contrato al Congreso en el primer trimestre del año».
Las autoridades están negociando contratos con empresas europeas y australianas, dijo en la entrevista del lunes desde La Paz.
El historial boliviano de agitación política y social y el enfoque estatal de los recursos naturales han disuadido al capital privado, al igual que la reciente caída de los precios del litio en un mercado saturado.
Por ahora, la contribución de Bolivia a la oferta mundial es insignificante. Aunque este país sin salida al mar tiene muchos más recursos que su vecino Chile, aún no se consideran económicamente viables. Los yacimientos suspendidos en salmuera bajo el remoto salar de Uyuni tienen altos niveles de magnesio, lo que hace que su litio sea menos puro y costoso de producir, y el puerto más cercano está al menos a 500 kilómetros (311 millas) y un paso fronterizo de distancia.
El gobierno apuesta por nuevas técnicas de extracción directa para sortear los problemas de pureza y acortar el camino hacia la producción. Un contrato de 970 millones de dólares firmado con Uranium One en septiembre prevé la construcción de una planta con capacidad para 14,000 toneladas anuales. Otro contrato, firmado en noviembre con las empresas chinas Catl Brunp y CMOC, contempla un plan de 1,000 millones de dólares para construir dos plantas de litio que producirían 35.000 toneladas al año.
Algunos grupos de la sociedad civil, políticos e investigadores afirman que los contratos constituyen un trato de favor. El diputado opositor Juan José Torrez, de la ciudad altiplánica de Potosí, alegó falta de transparencia en el proceso de aprobación y dijo que las regalías deberían aumentar del 3% al 11%. En los últimos días, un grupo de ciudadanos marchó contra los contratos, mientras que organizaciones no gubernamentales han pedido al Congreso que los rechace.
Alarcón desestimó esas críticas por considerarlas políticamente motivadas o mal informadas. Bolivia controlará las ventas de litio y tendrá una participación mayoritaria en las empresas, dijo, añadiendo que YLB no empezará a reembolsar las inversiones hasta que las plantas estén funcionando a pleno rendimiento, garantizando un riesgo financiero mínimo para el Estado.
Los casi 2,000 millones de dólares de inversión se reembolsarán en carbonato de litio a las empresas rusas y chinas como compradores preferentes, en un plazo medio de 10 años, dependiendo de la evolución de los precios internacionales, explicó Alarcón.
Aunque los contratos estiman un precio del litio de 30,000 dólares por tonelada, Alarcón señaló que es necesario un precio de al menos 10.000 dólares -más o menos donde están ahora los precios- para garantizar la viabilidad comercial de las plantas.
Pero el historial de Bolivia en el desarrollo del litio dista mucho de ser estelar. La primera planta de procesamiento de YLB funcionó sólo al 17% de su capacidad el año pasado y se prevé que funcione al 23% este año, sin un calendario claro para alcanzar la plena capacidad.
Según Alarcón, los nuevos acuerdos son esenciales para que Bolivia aproveche por fin su enorme potencial. Si se rechazan, la producción industrial podría retrasarse hasta 15 años.
«Eso sería catastrófico para el país», afirmó.
