El repentino colapso de la mina Eagle, propiedad de Victoria Gold Corp., ha dejado a Canadá enfrentando otro costoso desastre ambiental en su historia minera. Este evento se suma a un legado de contaminación y costosos proyectos de restauración, que han implicado a las autoridades y a los contribuyentes en una pesada carga financiera.
Canadá cuenta con una larga historia de incidentes mineros. Muchos de estos proyectos, una vez abandonados por sus propietarios, han dejado serios problemas ambientales que aún hoy el gobierno federal se ve obligado a limpiar. Por ejemplo, minas como Faro y Giant en el Yukón y los Territorios del Noroeste, respectivamente, se han convertido en símbolos de los desastres mineros que el país enfrenta.
El caso de la mina Eagle sigue esta tendencia. Después de que su planta de procesamiento colapsara en junio, derramando cianuro en los ríos cercanos, las estimaciones iniciales de limpieza alcanzan los 150 millones de dólares canadienses. Sin embargo, expertos advierten que esta cifra puede aumentar drásticamente, como ha ocurrido en otros casos de remediación en el pasado. Jamie Kneen, de Mining Watch Canada, señaló: “Los sobrecostos son normales en esta industria, y todo lo paga el contribuyente”.
El ejemplo más significativo es la mina Faro, en el Yukón. En su momento fue la mina de plomo y zinc a cielo abierto más grande del mundo, pero su abandono en 1998 marcó el inicio de un proceso de restauración largo y costoso. Aunque el gobierno de Canadá estimó inicialmente que costaría 200 millones de dólares canadienses, en 2022 esa cifra ascendió a 5 mil millones.
Del mismo modo, la mina Giant, un antiguo proyecto de oro en los Territorios del Noroeste, proyecta un costo de limpieza cercano a los 3.9 mil millones de dólares canadienses, una cifra que sigue en aumento debido a la complejidad de la contaminación con arsénico.
Ante la crisis, el gobierno del Yukón ha optado por cubrir el costo de la limpieza mediante préstamos al bufete PricewaterhouseCoopers (PwC), quien fue designado para gestionar la mina después de que Victoria Gold fuera colocada en administración judicial en agosto. Se han avanzado 50 millones de dólares canadienses para las primeras etapas del proceso de remediación.
Sin embargo, la recuperación de estos costos depende de la venta de los activos de Victoria Gold, algo que no está garantizado. La administración de PwC no ha tenido éxito en la venta de otras operaciones mineras, como la mina Minto o la mina Wolverine, ambas en el Yukón.
Este desastre ha llevado al gobierno del Yukón a revisar su enfoque regulatorio en torno a la minería. Como medida preventiva, se ha suspendido la emisión de nuevas licencias relacionadas con el procesamiento de oro, a la espera de los resultados de una revisión independiente del derrame de cianuro en la mina Eagle.
Kate White, líder del partido opositor en el Yukón, destacó que “tenemos muy pocos ejemplos, en la memoria reciente, de minas exitosamente restauradas”. Este punto resalta la necesidad urgente de mejorar los mecanismos regulatorios y de supervisión para evitar que desastres similares sigan ocurriendo.
El colapso de la mina Eagle y la consiguiente crisis ambiental y económica que enfrenta el Yukón subrayan los riesgos latentes en la industria minera canadiense. La historia muestra que las minas abandonadas suelen dejar una pesada carga para los contribuyentes, y el costo de limpiar los desastres mineros sigue aumentando. Ante esto, es crucial mejorar las regulaciones y fortalecer las garantías financieras para prevenir futuros problemas.
