El 5 de noviembre de 2015, la ruptura de la presa de relaves en la mina de hierro Samarco cerca de la ciudad de Mariana en el estado de Minas Gerais, Brasil, desencadenó uno de los desastres ambientales más devastadores de la historia del país. La estructura, operada conjuntamente por las gigantes mineras Vale y BHP, liberó un flujo masivo de lodo y residuos mineros que sepultó al pueblo cercano, causando la muerte de 19 personas y dejando a cientos sin hogar.
Casi nueve años después, el gobierno de Brasil, a través de la oficina del procurador general (AGU), ha tomado medidas decisivas al presentar una solicitud ante un tribunal federal en el estado de Minas Gerais. El requerimiento exige que Vale, BHP y su empresa conjunta Samarco paguen 79.6 mil millones de reales (aproximadamente 15.73 mil millones de dólares) por los daños causados, y lo hagan en un plazo de 15 días.
La Batalla Legal y la Postura de las Empresas
La AGU ha advertido que, de no cumplirse el pago dentro del plazo estipulado, procederán a solicitar al tribunal que bloquee los activos de las compañías. Esta acción resalta la frustración del gobierno frente a lo que consideran una falta de responsabilidad adecuada por parte de las empresas involucradas en la gestión de la tragedia.
Recientemente, las empresas presentaron una nueva propuesta de compensación que fue rechazada por el gobierno brasileño y el Estado de Espírito Santo, argumentando que la oferta “no representa un progreso en comparación con la propuesta anterior”. Además, esta propuesta incluye condiciones que las autoridades han calificado de “inaceptables”, especialmente en lo que respecta a la remoción de los residuos mineros del río Doce, fundamental para la recuperación ambiental de la zona afectada.
