El gobernador del departamento central-norte de Santander en Colombia, Juvenal Díaz, ha lanzado una alerta sobre la presencia preocupante de miembros del Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en el páramo de Santurbán. Esta organización, considerada el mayor cartel de drogas del país tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, busca aparentemente tomar control de operaciones mineras ilegales en la zona.
Díaz, un ex general del ejército convertido en político, denuncia que los criminales no solo están usurpando el territorio, sino que también están contaminando fuentes de agua vitales. “Hemos solicitado la presencia del Ejército Nacional”, comentó durante una entrevista con medios locales. “Ahora, debemos concienciar a la población para que denuncie cualquier actividad irregular, pues estos grupos empiezan a tomar control de las minas creando muerte y desplazamiento. No queremos eso.”
El gobernador reiteró su compromiso con la protección del páramo, donde desde 2011 está prohibida la minería. “Como gobernador, he dicho que seré el primer defensor del agua y los páramos en este departamento. No puede haber minería aquí. Estoy comprometido con la promesa que me ayudó a ganar las elecciones, la cual se centró en priorizar el medio ambiente en conjunto con el bienestar humano.”
El páramo de Santurbán es un área protegida de los Andes, cubierta de bosques subalpinos que se encuentran por encima del límite continuo de árboles pero por debajo de la marca permanente de nieve. Durante la temporada de lluvias, el agua se almacena naturalmente y se libera durante la temporada seca. Además, es el área que rodea el proyecto aurífero Soto Norte de $1.2 mil millones, presentado por la Sociedad Minera de Santander (Minesa), una compañía propiedad del gobierno de Abu Dhabi a través de su brazo inversor, Mubadala Investment Company. Sin embargo, la propuesta fue archivada en 2020 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, argumentando que había demasiadas preguntas sin responder en la evaluación de impacto ambiental y la documentación de seguimiento presentada por Minesa.
Los límites de Santurbán también necesitan revisión. Según la Corte Constitucional de Colombia, el proceso de consulta con las comunidades locales cuando se establecieron los límites por primera vez no fue claro ni transparente. Por tanto, sus derechos a un ambiente saludable y agua limpia podrían estar en riesgo si se permitieran la minería y actividades similares en las áreas circundantes.
En 2019, el Ministerio de Ambiente fue encargado de establecer los límites, pero según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, este proceso se ha retrasado continuamente sin explicación. La falta de una delimitación adecuada, junto con la prohibición de la minería industrial, ha permitido que surjan operaciones a pequeña escala, generalmente irregulares.
