La administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha marcado un hito en la historia de la conservación ambiental en México. Con la reciente adición de 20 nuevas áreas naturales protegidas, publicadas en el diario oficial, la administración actual supera a la de Lázaro Cárdenas en cuanto a la conservación de ecosistemas. Estas áreas cubren casi 94 millones de hectáreas en 23 estados, incluyendo regiones clave para la minería como Zacatecas, Durango, Chihuahua, Guerrero y Nayarit.
El Equilibrio entre Conservación Ambiental y Desarrollo Minero
La expansión de áreas protegidas no solo resalta el compromiso del gobierno con la conservación ambiental, sino que también plantea desafíos significativos para el sector minero. La industria minera, desde mayo pasado, ha enfrentado las implicaciones de reformas a cuatro leyes que rigen la industria, percibidas como una amenaza para la exploración. Varias compañías mineras han presentado solicitudes de amparo en respuesta a estas reformas, especialmente aquellas con concesiones en proceso antes de los cambios legislativos.
En Zacatecas, por ejemplo, la declaración de áreas protegidas abarca municipios clave para la minería y restringe nuevas zonas urbanizadas, ampliando al mismo tiempo las zonas agrícolas. Además, se ha prohibido la disposición final de residuos mineros y metalúrgicos en la zona. Sin embargo, las operaciones mineras en curso no se verán afectadas, ya que los permisos y concesiones existentes permanecerán vigentes hasta su vencimiento.
Alberto Vázquez, consultor minero, advirtió en una entrevista con BNamericas que las compañías mineras con solicitudes de concesión pendientes en estas nuevas áreas protegidas, y que obtuvieron amparos tras la nueva legislación, podrían verse perjudicadas por los recientes decretos. Los tribunales que otorgaron los amparos aún pueden dictaminar que las concesiones presentadas antes de las reformas no deben verse afectadas o canceladas, aunque un artículo transitorio en la ley minera establece que “las solicitudes en proceso para nuevas concesiones de exploración y explotación serán descartadas sin más trámite.”
Vázquez también cuestionó los criterios del gobierno para determinar estas reservas ambientales en áreas donde predomina una actividad todavía clasificada como de uso público, como la minería. Desde su perspectiva, estas acciones podrían percibirse como estrategias para ganar votos, dada la popularidad actual de las iniciativas ambientales, aunque carezcan de una base real, objetiva o transparente.
