La policía peruana está llevando a cabo el jueves un segundo día de desalojos en la mina de cobre Las Bambas de MMG, tratando de desalojar a una comunidad indígena restante que había acampado dentro de la propiedad de la empresa en una protesta, dijo un asesor de la comunidad a Reuters.
La acción en Las Bambas, de propiedad china, que suministra el 2% del cobre del mundo, sigue al desalojo el miércoles de otra comunidad que también había acampado dentro de la mina, asentándose cerca de su enorme pozo abierto.
La empresa no hizo ningún comentario inmediato. Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una fuente clave de ingresos fiscales.
Las Bambas suspendió sus operaciones el 20 de abril después de que las comunidades se asentaran en el interior de la mina, que, según dicen, no ha podido reanudar la producción, que sigue detenida por motivos de seguridad.
Las Bambas dijo en una presentación de seguridad a última hora del miércoles que había logrado desalojar a la comunidad de Fuerabamba, que había estado exigiendo la devolución de sus tierras ancestrales, pero que la comunidad de Huancuire seguía dentro de la propiedad de la empresa.
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“Sí, vienen de tres direcciones diferentes, ya están entrando”, dijo a Reuters Alexander Raúl, un asesor de la comunidad de Huancuire, refiriéndose a los policías.
Huancuire vendió tierras a Las Bambas en los últimos años para dar paso a una ampliación de la mina prevista para este año. Pero Raúl y los residentes de Huancuire alegan que la mina no ha cumplido plenamente todos los compromisos del acuerdo de venta y que los beneficios no han llegado a su comunidad, alegaciones que la empresa niega.
Según la ley peruana, los propietarios pueden utilizar la fuerza para expulsar a los intrusos durante los primeros 15 días de una invasión, un estatuto legal que fue invocado por Las Bambas esta semana, según un comunicado de la empresa.
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El gobierno de izquierda de Perú dijo el jueves que no había participado en los desalojos, pero que la policía nacional había participado para apoyar el derecho de la empresa a expulsar a los intrusos.
