Los miembros de la tribu San Carlos Apache de Arizona presentaron un gravamen sobre la propiedad el jueves en un intento por recuperar el control sobre la tierra que el gobierno de Estados Unidos está a punto de entregar a Rio Tinto Ltd para la mina Resolution Copper.
La última maniobra de miembros tribales que se oponen al proyecto pide a un tribunal que determine que el gobierno de Estados Unidos ha ocupado ilegalmente la tierra durante más de 160 años y no tiene derecho a dársela a nadie.
“Los Estados Unidos de América no son dueños de esa tierra”, dijo Apache Stronghold, una organización sin fines de lucro compuesta por opositores a las minas, en un expediente judicial.
La mina podría abastecer una cuarta parte de la demanda de cobre de los Estados Unidos si se desarrolla, pero eventualmente destruiría la tierra, conocida como Oak Flat, o Chi’chil Bildagotee, considerada por los nativos americanos como el hogar de deidades religiosas.
La subsidiaria de Rio Resolution Copper dijo que monitoreará el caso y sigue “comprometida con el compromiso continuo con las tribus nativas americanas para continuar dando forma al proyecto y entregar iniciativas que reconozcan y protejan el patrimonio cultural”.
Rio y el socio de desarrollo BHP Group Ltd han buscado durante años acceder al depósito de cobre subterráneo, a unas 70 millas al este de Phoenix en el Bosque Nacional Tonto.
El Servicio Forestal de Estados Unidos, que administra la tierra, declinó hacer comentarios.
El depósito se encuentra debajo de la tierra que perteneció a la tribu antes de que existieran los Estados Unidos. Un tratado de 1852 entre funcionarios estadounidenses y la tribu que aún está en vigor apartó la tierra para el uso de los apaches.
En 2014, el Congreso de EE. UU. Y el entonces presidente Barack Obama aprobaron un plan para permitir que Río intercambiara tierras que ya posee por tierras por encima del cobre, con la salvedad de que el intercambio no podría ocurrir hasta que se publique un estudio ambiental. La administración saliente de Trump planea publicar ese estudio el viernes, despejando el camino para el intercambio dentro de los 60 días.
Los miembros de tribus también han presentado una demanda para bloquear la publicación del estudio.
El gravamen es esencialmente la siguiente línea de defensa si la demanda fracasa. El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó los tratados de tierras del siglo XIX entre las tribus de Washington y Oklahoma, un precedente que podría reforzar la solicitud de gravamen de los Apaches.
Rio ha prometido buscar el consentimiento de la tribu para la mina. Incluso si Río ganara el control de la tierra, la empresa aún necesita permisos federales, un proceso que ambas partes reconocen que podría llevar años.
Reuters
