La incertidumbre que pesa sobre el sector minero de México se profundizó luego de que el presidente Andrés López Obrador insinuara una posible modificación a las regulaciones.
Si bien AMLO ha evitado ordenar revisiones regulatorias dirigidas a la industria desde que asumiera el cargo en diciembre pasado, sí ha señalado que se harán cambios en los próximos años.
“Dijimos que vamos a trabajar con el mismo marco legal que se heredó y que, si hace falta, a mediados del sexenio propondríamos modificaciones legales”, aseveró AMLO durante una conferencia reciente.
Si bien la instancia de una revisión regulatoria les da a las compañías mineras algo de espacio para respirar –con elecciones de mitad de período programadas para julio de 2021– los comentarios del presidente avivan la incertidumbre que ya ha minado la inversión en el sector.
El nerviosismo de los inversionistas
La cámara de la industria minera Camimex ha expresado reiteradamente su preocupación por posibles cambios en las políticas que apunten a reducir el gasto.
Si bien se pronostica que la inversión minera se elevará a US$5.340mn este año, este aumento de 7% es el más pequeño desde 2016.
“Se requiere una política pública que genere confianza entre los inversionistas”, indicó la cámara recientemente.
Si bien México ha sido visto históricamente como una jurisdicción minera relativamente segura que cuenta con el respaldo de su enorme potencial mineral, mano de obra calificada de bajo costo y rápida entrega de permisos, muchos inversionistas consideran ahora que el país presenta desventajas.
Además de una letanía de riesgos, que van desde bloqueos hasta robos, esta visión se deriva de la situación política.
Las compañías mineras no se sienten cómodas en países donde los gobiernos cambian las reglas del juego, afirmó recientemente a la prensa local Fred Stanford, presidente ejecutivo de Torex Gold, una de las principales mineras de oro de México.
¿Una señal
de lo que vendrá?
Aunque AMLO no proporcionó ningún detalle sobre las posibles enmiendas regulatorias, la legislación anterior sugiere la dirección probable.
Un proyecto de ley del partido oficialista Morena –que los senadores bloquearon en marzo– incluía una serie de medidas destinadas a endurecer las normas ambientales y comunitarias, además de consultas con las comunidades y nuevos poderes para despojar las concesiones en caso de daños y conflictos ambientales.
Una legislación similar en los próximos años podría aumentar los riesgos para las compañías mineras, según Moody’s.
“Los conflictos por el acceso a las tierras o los recursos naturales con las comunidades cercanas representan un riesgo para las compañías mineras y el intento federal de fines de 2018 de ordenar consultas comunitarias, junto con los derechos de los estados de imponer sus propios impuestos ecológicos, sugiere que la carga regulatoria de las compañías mineras podría aumentar en los próximos años”, comentó la agencia de calificación en una nota a principios de noviembre.
La incertidumbre regulatoria es un factor disuasivo para los inversionistas.
Esto se aplica especialmente en industrias en las que la planificación a largo plazo es primordial, como la minería, dado el tiempo que se necesita para avanzar un descubrimiento inicial a la producción.
La postura combativa de AMLO hará poco por calmar las inquietudes del sector, ya que el presidente se comprometió previamente a dejar de otorgar nuevas concesiones y criticar el historial de relaciones ambientales y comunitarias de la industria.
Pero el líder izquierdista ha suavizado su tono hacia la minería en los últimos tiempos, destacando su importancia como proveedor de empleos.
Su administración también podría atribuirse parte del crédito por mediar el levantamiento del bloqueo en la mina Peñasquito, de Newmont Goldcorp, uno de los mayores productores de oro, plata, plomo y zinc de México. El diario local Zacatecas en Imagen dio a conocer la firma de un acuerdo entre ambas partes.
Si bien los cambios regulatorios son una posibilidad clara en los próximos años, las señales de la administración sugieren que podrían no ser demasiado perjudiciales.
Las modificaciones tendrán como objetivo adaptar las normas mexicanas según protocolos ambientales y de seguridad internacionales y se elaborarán en colaboración con los actores de la industria, explicó en junio a BNamericas el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga.
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